El pleno municipal del Ayuntamiento de Celrà ha celebrado este mes de julio, ha aprobado una moción que rechaza el proyecto de tratado internacional sobre pandemias, en el marco de la Organización Mundial de la Salud.
La moción fue presentada por el grupo municipal de las CUP, y recibió 8 votos favorables, 1 en contra del PSC y 3 abstenciones de ERC.
En la exposición de motivos se alerta de que la aprobación del Tratado implicaría «ceder más control y autoridad legal en materia de gestión de pandemias en la OMS, un organismo ligado fuertemente a intereses comerciales, como se puso de manifiesto con la gripe A y recientemente con el Covid-19».
El texto de la moción se puede leer a continuación:
MOCIÓN DE RECHAZO AL PROYECTO DE TRATADO INTERNACIONAL SOBRE PANDEMIAS EN EL MARCO DE LA OMS
La Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reunión extraordinaria celebrada del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2021, aprobó poner en marcha un “convenio, acuerdo u otro instrumento internacional en el marco de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud para fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias”, idea propuesta el año anterior por el presidente del Consejo Europeo.2 La propuesta recibió el apoyo del gobierno del estado español, avalado por la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 aprobada por real decreto el 28 de diciembre de 2021.
Para desarrollar el tratado se constituyó un órgano negociador intergubernamental.5 De acuerdo con el calendario de negociaciones, este órgano presentará un informe sobre la marcha de su labor en la 76a Asamblea Mundial de la Salud, en 2023, y someterá sus conclusiones a la consideración de la 77a Asamblea, en 2024.
Paralelamente, en la 75a Asamblea, celebrada del 22 al 28 de mayo de este año, se presentó el informe final del Grupo de Trabajo sobre el Fortalecimiento de la Preparación y Respuesta de la OMS frente a Emergencias Sanitarias.Este grupo de trabajo tenía, entre otros, el encargo de dar “prioridad a la evaluación de las ventajas” de elaborar el citado tratado.
Las propuestas y recomendaciones del informe están orientadas al “fortalecimiento de la OMS en su calidad de organización internacional imparcial e independiente encargada de dirigir y coordinar las actividades de preparación y respuesta ante las pandemias”; un incremento de atribuciones, acompañado de una mayor financiación por parte de los estados miembros, que podría incluir desde la notificación de riesgos detectados en un estado sin necesidad de verificación por parte del propio estado hasta la creación de un certificado electrónico internacional de vacunación o la adopción de contramedidas para hacer frente a la “información errónea”, en particular la difundida a través de las redes sociales.
También en la 75a Asamblea, y en la misma línea de ceder más control y autoridad legal a la OMS, Estados Unidos presentó una serie de enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) que toparon con la resistencia de varios países, incluido el grupo africano, por lo que sólo se aprobó reducir el plazo de entrada en vigor de cualquier enmienda de 24 a 12 meses y poner en marcha un proceso global para abordar las enmiendas futuras al RSI.
En este contexto, un grupo de colectivos y personas vinculadas a la defensa de la sanidad pública de todo el estado español han puesto en marcha la iniciativa “La salud no es un negocio”, con el objetivo de dar a conocer los riesgos de estos cambios en la reglamentación sanitaria internacional. El manifiesto que han hecho público, titulado “Nuestra salud por encima de las farmacéuticas y los intereses empresariales de las políticas de salud”, alerta de que la aprobación del tratado sobre pandemias podría representar que la OMS tuviera “libertad de decidir cuál es la siguiente pandemia y decidir medidas como cuarentenas y encierros a nivel global”, así como determinar “qué farmacéuticas pueden desarrollar tratamientos en caso de pandemia” y establecer “la obligatoriedad de una vacuna en cada país, por encima de cualquier otro órgano competente”. De este modo, “la autonomía del paciente, la relación médico-paciente y una decisión basada en el criterio riesgo- beneficio quedarían anuladas”.
En caso de que el acuerdo tuviera un carácter vinculante para los estados miembros, de acuerdo con la Constitución de la OMS, las medidas que este organismo tomara a su amparo “estarían por encima de las legislaciones, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y solo se podrían derogar según las condiciones estipuladas en el propio acuerdo, lo que deja a la población en una posición muy vulnerable”.
Así, los colectivos y personas impulsoras del manifiesto manifiestan su rechazo a la elaboración de dicho acuerdo. En primer lugar, porque la OMS “carece de la necesaria independencia de las grandes corporaciones económicas, de las grandes farmacéuticas y de las fundaciones que ambas controlan, lo que le impide ser un instrumento útil para orientar una política sanitaria al servicio de la salud”. Consideran que se trata de un organismo comprometido por fuertes conflictos de intereses, como pone de manifiesto su participación “en la Iniciativa denominada Grupo de Trabajo de Líderes Multilaterales sobre COVID-19, junto al Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, todos ellos instrumentos al servicio del gran capital internacional”.
En segundo lugar, porque “la salud depende mucho más de factores sociales que determinan las condiciones de vida que de la dispensación de medicamentos. En este sentido, son aspectos esenciales el medio ambiente, una alimentación sana y suficiente, viviendas espaciosas, ventiladas y sin humedades, el acceso al agua potable, servicios de salud públicos, cercanos y centrados en la promoción de la salud, la prevención y la detección precoz de enfermedades, el respeto por la cultura y los conocimientos de las medicinas tradicionales y naturales, etc.”
En tercer lugar, porque “la subordinación de las políticas de salud de los estados y de las comunidades autónomas a un organismo internacional ligado fuertemente a intereses comerciales (como se demostró con la gripe A, cuando su comité de expertos fue sobornado por la industria farmacéutica), y precisamente en situaciones de pandemia, es totalmente inadecuada y contraproducente. Hay ya muchos espacios a nivel regional e internacional para la cooperación y también para la coordinación intergubernamental en caso de que fuera necesaria”.
Y en cuarto lugar, porque “la gestión del covid-19 por parte de la OMS está en entredicho al estar implicada en una serie de medidas sin base científica ni ética (aval exclusivo a tratamientos propuestos por las grandes farmacéuticas, respaldo o no oposición a medidas de limitación de derechos y libertades que no tenían respaldo científico, como el confinamiento de las personas sanas, la falta de atención temprana de las personas enfermas, el abandono a la muerte en soledad y sin asistencia sanitaria en las residencias de mayores)”.
Por todo ello, en consonancia con los argumentos y demandas del manifiesto y en defensa de una sanidad 100% pública, de proximidad, abierta y de calidad, proponemos al pleno del Ayuntamiento de Celrà la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero. Rechazar la actitud del gobierno español por comprometer el apoyo al proyecto de tratado internacional sobre pandemias, sin debate social, sin debate parlamentario y sin someterlo a referéndum, así como el silencio y la complicidad del gobierno de la Generalitat de Catalunya.
Segundo. Exigir la retirada del apoyo del estado español y de la Unión Europea a este proyecto de acuerdo y a cualquier otra propuesta de modificación de la reglamentación sanitaria internacional que pretenda ceder soberanía en materia de política sanitaria a la OMS.
Tercero. Exigir al gobierno del estado y al gobierno de la Generalitat de Catalunya que centren sus esfuerzos en recuperar y revitalizar los sistemas públicos de salud, dando cabida a medicinas holísticas hasta ahora excluidas, poniendo fin a todos los procesos de privatización, revirtiendo las privatizaciones ya llevadas a cabo, poniendo en marcha una empresa farmacéutica pública y creando las condiciones para la recuperación de la salud de la población, incluidos los derechos a una vivienda, una alimentación y un trabajo dignos.
Cuarto. Dar apoyo a la iniciativa “La salud no es un negocio” y manifestar el compromiso de este consistorio con una medicina regida por criterios científicos y éticos administrada por profesionales completamente independientes de los intereses empresariales, y con una cooperación internacional basada en los derechos de la ciudadanía y la representación democrática de los territorios.
Quinto. Hacer llegar los presentes acuerdos a la iniciativa “La salud no es un negocio”, al Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Sanidad del estado español y a la presidencia del Consejo Europeo.
