En la tercera ‘Mesa de Diálogo’, ambos gobiernos han llegado a dos acuerdos relevantes: el primero conseguir una total desjudicialización y, por otra parte, conseguir revertir la situación de la lengua catalana, protegiéndola e impulsándola.
Asimismo, ambos gobiernos se han comprometido «a avanzar en el diálogo y la negociación» superando y poniendo fin a la dinámica y los efectos de la judicialización de los últimos años, que ha contribuido a acentuar «el conflicto político, ha afectado las relaciones políticas e institucionales y ha polarizado los posicionamientos políticos y sociales”.
En este sentido, la Generalitat asegura que “hay que reforzar la apuesta por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica y de la atención a las demandas democráticas avaladas por una mayoría social amplia y transversal según los principios y el ordenamiento democrático y debe concretarse en medidas que supongan un avance que mejore la situación de partida y contribuyan a resolver el conflicto político”.
¿Cómo conseguirán poner fin a la judicialización? Con el refuerzo de los derechos fundamentales, con el compromiso político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos, con la apuesta por avances graduales y concretos en base a acuerdos públicos que sean representativos de una mayoría amplia y transversal en el ámbito social y parlamentario. Sin embargo, estos avances deberán concretarse en reformas legislativas, tal y como ha manifestado Vilagrà.
El impulso y la protección de la lengua catalana
Por otra parte, el Gobierno se ha comprometido a no despreciar la lengua catalana, tal y como han hecho hasta ahora; todo ello con el convencimiento de que fortalecer la vitalidad del catalán supone una medida que afianza la confianza necesaria entre las partes para el proceso de diálogo y negociación.
El Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya consideran necesario renovar y reforzar la protección y el impulso del catalán en todos los ámbitos sociales y promover las reformas legislativas y las inversiones necesarias para potenciar el carácter plurilingüe de España.
Para conseguir la meta, se han comprometido a «trabajar conjuntamente para favorecer un amplio consenso con los siguientes objetivos: Garantizar el nivel de conocimiento y uso del catalán y contribuir al fortalecimiento y la mejora del modelo educativo de Catalunya».
Ambos gobiernos comparten que el catalán debe continuar siendo la lengua utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Catalunya, y el aranés en el Vall d’Aran. Sin embargo, la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singular para cada centro.
En cualquier caso, el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat se comprometen a resolver por la vía del diálogo y la negociación los conflictos que puedan existir en la aplicación o desarrollo del marco normativo vigente en relación con la lengua catalana y el gobierno se compromete a facilitar iniciativas para potenciar la lengua.
