La Asociación Liberum ha solicitado, junto a 549 ciudadanos de Islas Baleares ante el Tribunal Superior de Justicia de la región, que sean solicitados los documentos referentes a los contratos entre el Gobierno de España y/o la Comisión Europea y las farmacéuticas productoras de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen en relación a la vacuna del Covid-19.
Mediante auto de 28 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha requerido mediante oficio dando el plazo de diez días al Ministerio de Sanidad para que presente la copia de los contratos originales, en los que debe constar el precio de las dosis, las entregas, las posibles indemnizaciones por fallos en el fármaco, así como «todas las cláusulas estipuladas en los mismos».
Igualmente, se ha reclamado al Consejo Interterritorial de Salud que aporte los estudios de efectividad vacunal a los que hicieron referencia en la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud, con fecha 23 de noviembre de 2021.
Se ha requerido también que se certifique el número total de casos de efectos adversos derivados de las vacunas del Covid-19 registrados en las Islas Baleares desde el inicio del periodo de vacunación, señalando de manera pormenorizada las franjas de edad.
De la misma manera, también se requiere que se certifique el número total de personas fallecidas como efecto adverso de las vacunas contra el Covid-19 en Islas Baleares desde el inicio del periodo de vacunación, igualmente pormenorizado en franjas de edad.
Desde el equipo legal de la Asociación Liberum valoran muy positivamente el «avance judicial sin precedentes», ya que «finalmente, la ciudadanía podrá conocer todas aquellas cláusulas, espuriamente hurtadas, al conjunto de la sociedad».
A través de un comunicado al que Las Repúblicas ha tenido acceso, la Asociación señala que los contratos firmados con las farmacéuticas deben ser públicos y «lo serán finalmente». Y añaden que «es incomprensible e inaceptable jurídicamente que, en una materia tan delicada como la salud de la población en general, fueran ocultados precisamente a aquellos millones de personas destinatarias de las cláusulas de los mismos, quebrando de facto el consentimiento informado, necesario para tener todos los datos acerca del tratamiento del que iban a ser inoculados».
Los contratos, según recuerda Liberum, «deben estar sometidos al imperio de la ley del control judicial, del tercer poder del Estado, garante de nuestros valores constitucionales». Añaden que «la vulneración de los Derechos Humanos de los ciudadanos y el quebrantamiento sin igual de la seguridad jurídica y del principio de legalidad» son las cuestiones fundamentales que han sido el objeto de protección en las causas judiciales emprendidas.
