El jurídicamente esperpéntico pacto judicial por el que dos policías municipales de Estepona, en Málaga, están en la calle después de haber violado a una chica de 18 años vestidos de uniforme ha generado indignación en la ciudadanía y sorpresa en el mundo jurídico, tal como indicamos desde Las Repúblicas anteriormente.
El acuerdo entre las partes (la acusación particular que la representa a ella, la Fiscalía y la defensa) ha permitido que los agentes, que drogaron y abusaron de la joven en 2018 según los hechos probados de la sentencia, se hayan librado de la prisión a cambio de una indemnización de 80.000 euros a la víctima y un curso de educación sexual, además de haber quedado apartados de las funciones policiales, según fuentes municipales.
Así, El País ha consultado con un grupo de expertos y juristas los argumentos de la polémica sentencia de conformidad, dictada en mayo y conocida este miércoles. El fiscal aceptó pasar de una petición de 30 años de cárcel para los condenados a solo dos. La Fiscalía de Andalucía han explicado que han aceptado el acuerdo siguiendo la petición de la abogada de la víctima, que sostuvo que su representada no quería que el juicio, potencialmente mediatice, se celebrase.
Pero el tema está de zanjarse. “El problema es que no es un hecho que ha afectado solo a una persona, no es solo un delito del ámbito privado, va más allá, hasta el interés público”, afirma la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Pino de la Nuez.
El presidente de la sala, Pedro Molero, que emitió un voto particular contra el fallo en la ejecutoria de mayo: “No estamos en un ámbito privado sino en un ámbito de marcado interés público en donde están comprometidos valores muy importantes, señaladamente el general de toda sociedad de prevenir la comisión de delitos como es el que ha sido objeto de condena y el particular de defensa y protección de la mujer y de su capacidad de decisión”.
Además, otras fuentes jurídicas señalan que fiscal y juez podrían haber puesto en marcha fórmulas ya existentes para evitar la revictimización que puede suponer un juicio con potencial, efectivamente, de ser muy mediático. Se puede proteger a la mujer haciendo que testifique por videoconferencia, con ayuda de psicólogos especializados, evitando la confrontación visual con los acusados y tomar medidas para preservar su intimidad.
Pino de la Nuez es taxativa en el suceso, “Estos hechos cambian la vida de las víctimas, ya no son las mismas personas, suponen traumas. Y el proceso sigue siendo un calvario que dura muchos años y que las obliga a revivir lo ocurrido una y otra vez”. Lo dicho, es cao aún no se puede dar por terminado.
