Tal y como publicó el directe.cat se confirma la guerra sucia contra el independentismo catalán, pero todo sigue sin consecuencias políticas y judiciales.
Un audio publicado ayer miércoles por la noche por el digital ‘El Mon’ revelaría un montaje de la llamada policía patriótica para investigar a 33 jueces de Catalunya que firmaron un manifiesto a favor de la consulta soberanista.
Según el medio, el audio recoge una conversación de marzo de 2014 entre el entonces director adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, el ex comisario José Manuel Villarejo, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, y el ex responsable de Información de la policía en Catalunya, Pedro Esteban.
Éste último era el artífice de la investigación que se había filtrado en el diario ‘La Razón’, junto a las fotografías de DNI de los 33 jueces. Los magistrados denunciaron el caso y la justicia europea les dio la razón.
El Grupo Planeta vía La Razón y el Príncipe de las Tinieblas implicado en la guerra sucia contra Catalunya.
En la conversación difundida por el medio Pino explica a Esteban cómo debe hacerlo para justificar la intervención, y le recuerda que está amparado por la ley de secretos oficiales. Esteban sugiere en un momento que debería borrarse el rastro de las consultas en las bases de datos de donde se ha extraído la información de los jueces, incluidas las fotos del DNI que también llegaron a ‘La Razón’, a lo que Pino contesta que ya se han puesto.
Blas también adoctrina a Esteban sobre la forma en que justificar la investigación. Le explica que debe decir que ha tenido conocimiento del manifiesto de los jueces y que ha ordenado la investigación ante la posibilidad de que el texto sea delictivo.
Así se justifican las consultas en las bases de datos y también en las del DNI, para comprobar la identidad de los jueces, si bien después, presuntamente se borraría su rastro. El informe elaborado debía transmitirse al Jefe Superior de la Jefatura de Catalunya y de ahí a Pino.
Pino, de hecho, considera que Esteban tenía la obligación de investigar a los jueces, porque a su juicio ya habían roto la legalidad al posicionarse a favor de un referéndum sobre la independencia, cuando la Constitución habla de la indisolubilidad de España.
