La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad ha rechazado entregar los contratos de las vacunas contra el coronavirus que requirió el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) dentro de un procedimiento contencioso impulsado por una asociación contra el uso del ‘pasaporte COVID’ en Baleares.
En concreto, la asociación había solicitado recabar los contratos originales «suscritos por el Gobierno con las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Jansen y/o la Comisión de la Unión Europea», en los que constase «el precio de las dosis, las entregas, posibles indemnizaciones por fallos en el fármaco así como todas las cláusulas y estipulaciones».
El Tribunal había considerado pertinente la prueba y el pasado 28 de julio libró un oficio en el que daba diez días al Ministerio para certificar la documentación solicitada en la demanda. El 3 de agosto, la Agencia del Medicamento contestó informando de que estos contratos «están sujetos a confidencialidad al ser parte de los acuerdos de adquisición anticipada concluidos por la Comisión Europea con los fabricantes de vacunas».
El organismo señala que el reglamento del comité rector que asistía a la Comisión en las adquisiciones «señala expresamente que los documentos presentados a miembros del comité rector deberán ser tratados como confidenciales». La propia Comisión estipuló que los contratos están protegidos por motivos de confidencialidad «por el carácter altamente competitivo de este mercado mundial», para proteger las negociaciones «sensibles», información comercial, financiera y planes de desarrollo y producción; y remarcó que «todas las empresas exigen que dicha información comercial sensible siga siendo confidencial».
