Un juzgado de Barcelona investiga por fraude fiscal a un médico del rey Juan Carlos I, y a un amigo mexicano del emérito como cooperador. La fiscalía presentó en mayo una querella contra ambos hombres y la esposa del médico por haber defraudado unos 600.000 euros entre el 2016 y el 2018.
El juzgado de instrucción número 29 de Barcelona ya ha interrogado al matrimonio y está en el espera de poder hacerlo con el magnate mexicano Allen Sanginés-Krause. Según la fiscalía, el doctor simuló una ampliación de capital de la sociedad que gestiona su centro médico, la Clínica De Sánchez, situada en Sarrià, según ha avanzado ‘El Periódico‘ y ha confirmado el ACN.
Juan Carlos I conoció al doctor Manuel Sánchez cuando éste trabajaba en la Clínica Planas, donde el rey se sometía a tratamientos médicos, estéticos y de nutrición. Hace unos años Sánchez abrió su propio centro y la relación siguió. Algunos de los tratamientos del monarca les pagaba su amigo mejicano.
La sociedad que gestiona la clínica del doctor Sánchez fue constituida en octubre de 2014 y su capital social fue suscrito, en principio, por A.A.M., la esposa del médico. En enero del 2016, la mujer vendió la totalidad de sus participaciones a su marido, que pasó a ser socio único de la firma, aunque ella se mantuvo como administradora. En esa misma fecha, la compañía recibió 245.000 euros de una mercantil en Madrid creada por el mexicano Sanginés-Krause, “operación que no se amparó en ningún contrato escrito”, alega la acusación.
La fiscalía concreta que las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF del período 2016 a 2018 presentadas por el médico investigado “fueron sólo una mínima parte de las que realmente percibió”, ya que, a su juicio, “ocultó” en estos ejercicios otras retribuciones por importe de 1,3 millones de euros, que realmente provenían de la prestación de sus servicios profesionales como facultativo “de reconocido prestigio y con una clientela con elevada capacidad económica”.
Camuflaba los importes como ampliaciones de capital
Según la acusación pública, para “esconder” estas rentas, Sánchez recurrió a una “estrategia fraudulenta” para cuya “ejecución fue imprescindible la colaboración” de los otros dos querellados: su mujer y el empresario mexicano.
Esta “estrategia”, apunta la fiscalía, consistió en “camuflar” estos importes como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la clínica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por la empresa de Sanginés-Krause. A su juicio, estas operaciones «no fueron tales, sino que se simularon».
La querella relata que, con la última y cuarta ampliación de capital, Sánchez conservaba el 65% del capital social, aportando únicamente 3.010 euros. A la empresa de Sanginés-Krause le correspondía el 35% cuando había desembolsado 1,3 millones de euros. Es decir, el amigo del rey emérito era socio minoritario pese a la inversión.
Para la fiscalía, las ampliaciones de capital son simuladas por la falta de justificación de las primas de emisión y su absoluta «desproporcionalidad», «la ausencia de motivación económica de la inversión», la inexistencia de documentos sobre el proyecto y las negociaciones previas, la falta de «control» del socio capitalista (el magnate mexicano) sobre los recursos aportados (99,77%) y la «disposición» de fondos por parte del médico con «total discrecionalidad».
