La represión a Catalunya continua. La persecución judicial por el 1-O sigue cinco años después del referéndum. La Fiscalía Superior de Catalunya pide un año de inhabilitación para cargo público y 12.000 euros de multa para la exconsejera de Agricultura y actual diputada de ERC en el Parlament Meritxell Serret.
Se le acusa por su implicación en la organización del 1 -O. Un caso que evidencia la farsa de la “desjudicialización” prometida por el Estado español.
El ministerio público le acusa de desobediencia grave por, entre otros actos, haber aprobado el presupuesto en mayo del 2017 que preveía partidas por el referéndum y también haber firmado el decreto de convocatoria del referéndum pese a recibir las advertencias del Tribunal Constitucional.
Serret se exilió inicialmente en Bélgica, pero regresó en marzo del 2021 y será juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El abogado encargado de su regreso, Íñigo Iruín, es también quien ayuda a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel con sus últimos pasos judiciales.
