Hablamos, para hacerlo corto, del Procès de Independencia de Catalunya. Exactamente «cuándo y cómo Catalunya puede volver a ejercer el derecho a decidir», que es es lo que debe permitir el «Acuerdo de Claridad» que ha propuesto este martes, en el debate de política general, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; una propuesta que se inspira, como él mismo ha explicado, en el Acuerdo de Claridad de Canadá, el conocido en francés (por la francófona Quebec) como Loi sur la clarté référendaire.
¿Y qué es exactamente este acuerdo?
Se trata de una ley aprobada por el Parlamento canadiense en el 2000 que sienta las bases para que «el ejecutivo pueda negociar la secesión de una de sus provincias después de un referéndum». El texto da a la Cámara de los Comunes de Canadá la potestad de decidir si la pregunta es suficientemente clara y verificar si el apoyo de la población es mayoritario.
Si bien la norma canadiense puede ser aplicada en todas las regiones del país, se creó como respuesta a los dos referéndum de independencia de Quebec. En el último, el de 1995, el «no» ganó por décimas al «sí» (50,58% en contra de la independencia y 49,42% a favor) y una pregunta que muchos consideraron «ambigua».
El objetivo de la ley es, por tanto, que las bases de un referéndum de independencia queden claras y que no haya margen para la interpretación del resultado.
En primer lugar, la ley canadiense otorga el poder a la cámara de los comunes de Canadá, la cámara baja del país, para decidir si la pregunta del referéndum es clara. De este modo, si la cámara considera que el enunciado puede dar pie a confusiones, éste debe volver a formularse.
La norma también permite decidir en la cámara de los comunes cuál es el porcentaje necesario para que salga adelante la secesión. Con este punto, se da a entender que es necesaria una mayoría reforzada, es decir, que un proceso de independencia necesitaría un apoyo bastante más amplio que un 50%.
Por otra parte, la cámara baja de Canadá también tiene el poder de anular una decisión si considera que se han violado algunos de los principios del Acuerdo de Claridad.
Y finalmente, y en caso de que una provincia se posicione a favor de la secesión, la ley también establece que es necesario hacer una enmienda a la Constitución y aceptar la independencia. Más de dos décadas después de la aprobación de esta ley, no ha habido otro referéndum de independencia en Quebec y la ciudadanía anglófona se ha hecho más grande. De hecho el apoyo al partido que les promovió cayó en picado en las últimas elecciones provinciales.
Los antecedentes de la vía canadiense aquí
No es la primera vez que la vía canadiense, que propiciaron los referéndums en Canadá, aparece como referente para resolver el conflicto político entre Catalunya y España.
Los Comunes ya la plantearon durante el debate de política general del 2018. Un año después, el actual conseller de Empresa, Roger Torrent, de Esquerra, volvió a poner sobre la mesa esta propuesta, en una conferencia en Madrid, cuando presidía el Parlament. Sin embargo, la Moncloa la rechazó inmediatamente.
Pero el primero en hablar fue el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta en el 2016, cuando era primer secretario del PSC. Iceta apostaba en primer término por una reforma constitucional, pero si no era posible, abría esta opción, rechazada frontalmente por el PSOE.
«La ley de la claridad canadiense ofrece posibilidades que yo creo que vale la pena tener en cuenta», decía en ese momento Iceta, pero finalmente cayó de la ponencia socialista por el rechazo socialista y de dentro del propio PSC.
Ahora, el actual primer secretario del PSC también ha rechazado de lleno la propuesta de Aragonès. «Creo que no resuelve nada y, con todos los respetos, es un ‘déjà-vu’«, ha asegurado Salvador Illa en su intervención en el debate de política general. El socialista le ha dicho a Aragonés que está a favor de «votar acuerdos», pero no de «votar rupturas».
Y Moncloa ha cerrado otra vez la puerta. Lo hizo a través de la portavoz, Isabel Rodríguez, quien recordó que las relaciones entre ambos ejecutivos se vehiculan en la mesa de diálogo, [Inoperante] donde la Generalitat mantiene, afirmó, unas «pretensiones de máximos» que «no son en absoluto compartidas por el Gobierno de España…
Fuentes:
britannica.com, Wikipedia, CCMA, publications.gc.ca, laws.justice.gc.ca
