Una vez más, y ya son unas cuantas, el Consejo de Europa ha vuelto a criticar a la justicia española. En un informe, ha señalado los problemas «de eficiencia» en la resolución de casos en el Tribunal Supremo, y ha constatado que hay más casos que llegan a la alta instancia judicial del Estado de los que se resuelven. Además, los procedimientos tardan más en concluir que en la media de los países que forman parte del organismo.
Mientras que la media del Consejo de Europa sitúa en 172 días el tiempo para resolver casos civiles, el TS tarda 888. Y no se debe a una falta de recursos, ya que el Estado destina un 0,37% del PIB en el sistema judicial, es decir, siete décimas por encima de la media de los países que forman parte del Consejo de Europa.
Esto se traduce en un gasto de 87,9 euros por habitante, más de 20 euros por encima de la media. Además, pese a tener menos jueces y fiscales, en el Estado cobran más que en la media de los países que forman parte del organismo.
Así, Europa vuelve a hacer públicas las deficiencias sistémicas en el poder judicial español. Probablemente, unos datos que harán enfadar al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TS, Carlos Lesmes. En junio, Lesmes intentaba quitar hierro a las duras críticas de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y replicaba que la judicatura española es «absolutamente independiente».
