Lo de la justicia española con personalidades de la más rancia estirpe política española es, y nunca mejor dicho, de juzgado de guardia. Esperanza Aguirre Gil de Biedma, una ex peso pesado de la política desde el Partido Popular, ha sido exonerada de nuevo por la justicia de España. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor del sumario del Caso Púnica, ha puesto fin a siete largos años de costosa investigación, de un plumazo.
Así ha propuesto juzgar solo a diez imputados por su implicación en la pieza separada referida a la presunta ‘caja B’ del PP madrileño. Este viernes se conocía lo que muchos ya advertían: que cualificados observadores sitúan sin reparos a este juez en la órbita del Partido Popular, para excluir a ciertos procesados en la enésima pieza de la macrocausa Púnica de financiación irregular del Partido Popular.
Las primeras informaciones periodísticas que evidenciaban que algo olía a podrido en las cuentas del PP de Madrid datan de 2009. Las firmaban en el diario Público los periodistas Ignacio Escolar y Alicia Gutiérrez, que accedieron a la documentación sobre la contabilidad de la Fundación Fundescam, la herramienta utilizada por el partido para captar fondos ilegalmente y destinarlos, no menos ilegalmente, a financiar campañas electorales y gestionado con prepotencia, pues la sede social de esta fundación se encontraba registrada en la primera planta de la sede nacional del Partido Popular, en la Calle Génova de Madrid.
La presidenta del Gobierno de Madrid era Esperanza Aguirre, pero, no sabía nada. La presidenta del PP de Madrid era Esperanza Aguirre, pero no sabía nada. La presidenta de Fundescam era la misma Esperanza Aguirre, pero tampoco ella sabía nada. En cambio en la investigación serán juzgados el ex secretario general del PP regional, Francisco Granados, o el que fuera gerente de la formación, Beltrán Gutiérrez.
Por lo tanto ha decidido archivar la causa a 71 acusados, entre los que están Aguirre, para quien explica que «no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que era conocedora» del sistema ilegal de financiación, su sucesor Ignacio González o los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como los empresarios Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Javier López Madrid. Una vez más la justicia española no es igual, ni muchísimo menos, para todos.
