El juez Salvador Alba ha entrado hoy en prisión al decretarse su ingreso en cumplimiento de la ejecución de la sentencia dictada en septiembre de 2019, por la que fue condenado a 6 años y medio de pena privativa de libertad, como autor de un delito de prevaricación, cohecho y falsedad documental.
Por el momento se desconoce en qué centro penitenciario ha ingresado el exmagistrado, que se encontraba en paradero desconocido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretara su búsqueda mediante un auto fechado en el día de ayer, lunes, 17 de octubre.
Precisamente esta fue la respuesta que se obtuvo después de que la defensa del juez Alba solicitase una aclaración de un auto anterior, del 13 de octubre, que le daba 24 horas para presentarse ante el centro penitenciario, y fue desestimado. También se presentó otro escrito que iniciaba un incidente de recusación del TSJC, Juan Luis Lorenzo, que también fue inadmitido.
Los hechos
Los hechos probados señalados en la sentencia condenatoria y firme, señalan que el juez Alba utilizó un procedimiento judicial del que era instructor, donde sustituía a Victoria Rosell, con el fin de perjudicar la carrera política y profesional de la que actualmente es Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en Canarias.
En aquel momento, Rosell había solicitado una excedencia para poder presentarse en campaña política en las listas electorales por la formación morada de Unidas Podemos de la provincia de Las Palmas.
El juez realizó informes falsos, que emvió al Tribunal Supremo, y se iniciase un proceso contra Rosell que había preparado Manuel Soria, presidente del Partido Popular en ese momento en Canarias, y ministro de Industria, Energía y Turismo.
Las pruebas presentadas demostraron cómo el juez alba archivó un caso contra un empresario al que se investigaba por posibles delitos fiscales, mientras se aseguraba que este empresario testificase en sede judicial contra Victoria Rosell.
La sentencia que condenó al juez ha demostrado que las acusaciones contra Rosell fueron totalmente falsas. Y el propio TSJC ha considerado que este es el delito más grave que puede cometer un juez.