Aunque sea un mandato establecido por la Constitución española, a los Populares parece no importarles incumplir en esta ocasión la ley.
El bloqueo en el que se encuentra la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que se mantiene incluso después de que Lesmes, su presidente, haya dimitido, está sumiendo a España en una situación de «grave anomalía democrática», según han señalado fuentes judiciales a este medio.
Cuando todo parecía encauzado y, tras la visita de un representante de la Comisión Europea, la situación se anunciaba ya como solucionada, en último momento, Feijoó se descolgó para deshacer lo acordado. Se rompía el pacto al que había llegado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero no se detallaron los motivos que empujaron al líder gallego a romper con todo.
Inmediatamente después se explicó que la razón se encontraba en la modificación del Código Penal por parte del PSOE, que hace tiempo prometió que llevaría a cabo una equiparación de algunos tipos delictivos con los ordenamientos jurídicos de otras democracias modernas de nuestro entorno. La promesa la hizo, entre otras cuestiones, siguiendo las recomendaciones de organismos como el Consejo de Europa, que así lo señaló cuando se produjeron las detenciones de los líderes del procés y determinó que se trataba de «presos políticos».
Los organismos internacionales siguen produciendo resoluciones y dictámenes que señalan que la defensa de la independencia debe estar amparada por la Libertad de Expresión y que los Estados deben proteger a quienes así se manifiesten, siempre y cuando lo hagan de manera pacífica. Una señal más en el camino que España debe recorrer si quiere dejar de perder puntos en los ránking de «democracias», donde ha pasado a ser recientemente una «democracia imperfecta».
El PP apunta hoy que las negociaciones «están paralizadas pero no rotas», y abre una puerta a volver a negociar con el PSOE, pero poniendo algunas condiciones para desbloquear el CGPJ. Principalmente, exige al PSOE que no rebaje las penas previstas para el delito de sedición. Y exige que lo haga por escrito.
La dirección nacional del PP ha señalado hoy lunes que los pactos rotos el pasado jueves podrían encontrar solución siempre y cuando haya, previamente, un compromiso escrito para no ceder ante los independentistas catalanes.
Desde el PP aseguran que el ministro Bolaños aseguraba en sus reuniones de negociación que no se modificaría el delito de sedición. Sin embargo, públicamente el Presidente Sánchez hacía gala de todo lo contrario. Según el Partido Popular, el hecho de no confiar en la palabra recibida en las reuniones privadas, tan contraria a la expresada en público, hizo saltar por los aires todo el proceso de negociación.
