La Audiencia de Madrid da ahora la razón al expresidente del gobierno español Mariano Rajoy y congela la comisión rogatoria que emitió Andorra por la infame Operación Catalunya.
La Audiencia Provincial ha anulado la decisión del mes pasado en la que avalaba que el Principado pudiera investigar al expresidente del gobierno español ya los antiguos ministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz por supuestamente haber extorsionado a banqueros andorranos para obtener datos bancarios de líderes independentistas .
En el auto de ahora, los magistrados de la Sección Segunda estiman el recurso de queja de Rajoy y ordenan al juzgado competente que se les considere personados en el procedimiento. Por eso se solicita que el juzgado admita los recursos que pedían no tramitar la comisión rogatoria de Andorra.
Una comisión rogatoria es una forma de cooperación judicial internacional en la que una autoridad judicial de un estado pide a una autoridad de otro estado que lleve a cabo una diligencia dentro de su jurisdicción.
Los magistrados detallan que el mes pasado dieron por sentado que la comisión rogatoria se había enviado a Andorra, basándose en una diligencia del juzgado de instrucción número 32 de Madrid que decía que se había «devuelto a las autoridades judiciales» del Principado. Pero en realidad no era así.
El auto especifica que desconocen cuál es el estado actual de la comisión rogatoria, aparte de que ya se ha devuelto a Andorra y que el 20 de octubre todavía estaba en el Ministerio de Justicia porque ese día la sala contencioso-administrativa suspendió la devolución.
Por tanto, la Audiencia sostiene que debe declarar nula la decisión de octubre y llevar las actuaciones al momento anterior. No hacerlo perjudicaría el derecho de los recurrentes «a un proceso con todas las garantías».
Hay que recordar que la justicia andorrana investiga una querella que acusa a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz de coacciones para obtener información bancaria del expresidente de la Generalitat Artur Mas, el ex vicepresidente Oriol Junqueras o la familia Pujol Ferrusola en los primeros años del proceso independentista.
El Principado investiga al expresidente del gobierno español ya los dos antiguos ministros por los supuestos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y creación de documentación falsa en relación a los intentos de conocer «a través de vías ilegales información bancaria secreta.
