Hoy domingo dará comienzo el Mundial de fútbol más polémico de las últimas décadas, el de Qatar fue cuestionado incluso antes de que el país fuera elegido por la FIFA para albergar una cita que se está pidiendo boicotear por la vulneración de derechos fundamentales y las denuncias por las numerosas muertes de trabajadores durante la construcción de los estadios.
Varias organizaciones de derechos han calificado la próxima cita futbolística como «el Mundial de la vergüenza», después de constatar violaciones y abusos laborales durante la construcción de los fastuosos estadios que albergarán los partidos de las 32 selecciones que disputarán el torneo.
El sistema de patrocinio, o la kafala, es el principal problema al que se enfrentan los trabajadores migrantes, principalmente del sector de la construcción o el servicio doméstico, en países árabes como Qatar. Considerada una norma de casi esclavitud, ha servido estos años para ahondar en los abusos de los empleadores sobre sus empleados, que no disponen de amparo legal alguno para defenderse.
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Bajo este sistema, los trabajadores no cualificados no pueden entrar al país u obtener un visado a menos que tengan ese patrocinio. A merced de sus empleadores, les retienen sus pasaportes y deciden sobre su estatus legal, quedando así atrapados en un ciclo de abusos, denunciado por organizaciones de derechos.
Al igual que otras monarquías del golfo Pérsico, en las últimas décadas Qatar ha explotado a trabajadores migrantes, especialmente de India, Nepal, Filipinas, Sri Lanka y Bangladesh. El país está bajo el escrutinio mundial después de que se diera a conocer que miles de personas habían muerto durante la construcción de los estadios de fútbol en jornadas laborales extensísimas y bajo altas temperaturas.
Las cifras oscilan entre las más conservadoras que hablan de una treintena de muertos, que son las que ofrece el comité ejecutivo que se encarga de organizar el Mundial, el medio centenar según un informe de 2021 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o los 6.500 fallecidos que denuncian algunos medios, como el periódico británico ‘The Guardian’.
«Las autoridades siguen sin investigar adecuadamente las muertes de trabajadores migrantes, miles de los cuales fallecieron repentina e inesperadamente en Qatar en la última década», coincidiendo con el inicio de las obras de los estadios, denuncia la ONG Amnistía Internacional.
Además, señala esta organización, Qatar «impidió cualquier evaluación de si las muertes estaban relacionadas con el trabajo» y «negó a las familias de los trabajadores la oportunidad de recibir una compensación».
El robo de salarios es uno de los abusos más comunes a los que tienen que hacer frente los trabajadores migrantes, quienes tampoco tienen permitido organizarse para exigir sus derechos laborales más fundamentales. En algunos casos, incluso, los empleadores utilizan los sueldos para pagar los costes de la repatriación de los cuerpos en caso de fallecimiento.
«Trabajamos de enero a enero, de domingo a domingo. Sin día de descanso. Si te ausentas, te descontarán el salario de dos o más días», denuncia Godfrey, un trabajador que llegó desde Uganda, a Amnistía Internacional.
La situación es todavía más complicada para las trabajadoras del servicio doméstico, aisladas y recluidas en los hogares, pues no solo conviven con sus empleadores, sino que además los posibles abusos que se cometan quedan fuera de la vista del resto de la sociedad.
Son precisamente las mujeres uno de los colectivos más agraviados por el régimen político qatarí. En la ley y en la práctica siguen sufriendo discriminación, subyugadas por el sistema de tutela que las obliga a permanecer atadas a un tutor masculino, en general un familiar o su esposo.
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Las mujeres siguen necesitando el permiso de una figura masculina para tomar decisiones fundamentales en sus vidas, como casarse, estudiar en el extranjero, o poder tener acceso a ciertos tratamientos reproductivos. En caso de que logren divorciarse, el Estado les retira la potestad de sus hijos.
Qatar es uno de los 70 países que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Según su Código Penal, la «sodomía» o el «libertinaje» está penado con hasta siete años de prisión y las autoridades no se han escondido a la hora de intentar camuflar su opinión sobre la homosexualidad.
Es «una desviación mental», dijo Jalid Salman, embajador del Mundial 2022, en una entrevista para la cadena alemana ZDF, en la que también enfatizó en recordar que en su país la homosexualidad está prohibida por ley. «Si aceptan venir aquí tendrán que aceptar nuestras reglas», remarcó.
En lo que respecta al resto de derechos fundamentales, el de libertad de expresión se ha visto también restringido en la última década, desde que el país fue designado como anfitrión para la Copa del Mundo de la FIFA, máximo organismo del fútbol cuya respuesta a todas estas denuncias ha sido más bien tibia y ambigua.
La FIFA ha preferido mirar para otro lado mientras las críticas aumentan cada vez que está más cerca el pitido inicial del partido inaugural de este domingo. Ante los numerosos informes sobre violaciones de Derechos Humanos se ha limitado a señalar que están «investigando» todas estas denuncias y ha destacado la supuesta «gran evolución» de Qatar en los últimos años.
«La FIFA no puede usar el espectáculo de la Copa del Mundo para eludir sus responsabilidades. Tiene un claro deber hacia los cientos de miles de trabajadores que sufrieron mientras construían los estadios», ha subrayado Amnistía, quien propone la creación de un fondo de compensación con los beneficios del torneo para resarcir a las víctimas y a sus familiares.
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