De nuevo España haciendo de trilero a Catalunya. La supuesta derogación del delito de sedición, que ha superado pocas horas atrás el primer trámite parlamentario tras semanas de polémicos debates, parecía que debía equiparar el obsoleto Código Penal español a los estándares democráticos europeos. Sin embargo, como ya avisaban varios sectores del independentismo, todo era más envoltorio que contenido.
Entidades como la ANC o Òmnium Cultural, y organizaciones como Amnistía Internacional, la modificación seguirá persiguiendo al independentismo y criminalizando las protestas pacíficas. No lo dicen sólo los sectores independentistas: también lo ha confirmado Josep Borrell, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, durante una entrevista con RTVE Catalunya.
«Se le cambia el nombre, pero la esencia no desaparece». Con esta afirmación, Borrell ha logrado cargarse todos los discursos que defendían la reforma como un paso adelante en la desjudicialización del Procès Independentista; sumándose también a las declaraciones de otros ministros del PSOE que han intentado pasar desapercibidas, como las de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, quien afirmaba que con la reforma se abría la puerta al regreso, y posterior juicio, del presidente en el exilio, Carles Puigdemont.
El exministro del PSOE ha afirmado también que con la reforma «se busca una homologación con la forma en que se castigan estos hechos» en los estándares europeos, pero no un cambio de mentalidad de la política y la justicia española, que seguirá persiguiendo y silenciando las voces disidentes.
El españolista y antisoberanista confeso Borrell, añade también que los jueces, pese a no tener la obligación de resolver conflictos políticos, «deben intervenir si hay delitos», afirmando así que los hechos del 2017 son todavía un delito a ojos del Gobierno español más progresista de la historia.
Borrell considera que Catalunya quiso «cambiar las reglas de juego sin respetar la ley» y que se ha tenido que pasar por un proceso para revertir la situación, afirmando que «la única solución es el diálogo y los acuerdos dentro de los marcos de las leyes“. En este sentido, el representante europeo cree que Aragonés «empieza a entender» que para cambiar las «reglas del juego deben respetarse las reglas del juego».
