La justicia española sigue estando politizada de manera indecente. La división bien conocida de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ, en dos bloques, calificados de conservador y progresista, ha estallado este pasado viernes de forma abierta.
El detonante ha sido la intención del PSOE y de Unides Podemos aprovechar la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, y para modificar también el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
Los conservadores
Miembros del sector conservador del CGPJ han acusado al gobierno español de «jugar con fuego» y han pedido un pleno extraordinario para escoger cuanto antes a los dos miembros del TC que debían renovar en septiembre.
En el otro bando y muy al contrario, los miembros del sector progresista consideran que ahora ya no hay prisa por nombrarlos, están en funciones desde junio, y prefieren esperar en el pleno ordinario del 22 de diciembre.
Quien debe decidir si se adelanta o no es el presidente suplente, Rafael Mozo, del sector progresista, nombrado a mediados de octubre en sustitución de Carlos Lesmes, que dejó después de cuatro años de ejercer con el mandato caducado.
Los progresistas
Según fuentes del sector ‘progresista’, sus miembros estarían incluso dispuestos a votar en blanco en todos los plenos la elección de los miembros del TC hasta que se haya aprobado la reforma impulsada por el gobierno.
Esta reforma busca evitar el bloqueo que el sector conservador mantiene desde septiembre para elegirlos, eliminando el acuerdo actualmente necesario de 3/5 partes del CGPJ para realizar la elección.
En caso de que tres meses después de agotado el mandato no se hubiesen escogido los miembros con esta mayoría, la elección se haría con una elección simple a una sola vuelta.
Las responsabilidades penales de los miembros del CGPJ, un «chantaje»
La reforma también introduce responsabilidades penales a los miembros del CGPJ si no lo hacen, que es el punto que más ha encendido a los conservadores, que lo han calificado de «injerencia» y de «chantaje».
Algunos miembros consultados por la agencia EFE afirmaron que «en la práctica» les están tratando de «delincuentes», y niegan que estén bloqueando nada ni que estén actuando a instancias del PP.
Según fuentes del CGPJ consultadas por la agencia Europa Press, detrás de la pugna se encuentra el veto que el sector conservador pone a uno de los candidatos progresistas, José Manuel Bandrés.
En juego, los equilibrios y mayorías del TC de los próximos años
Los conservadores afirman que la reforma busca asegurar la elección de Bandrés, y que, con los miembros escogidos por el gobierno español hace 10 días, Juan Carlos Campo y Laura Díez, el TC acabe presidido por Cándido Conde-Pumpido.
Según denuncian, Pedro Sánchez busca un cambio en los equilibrios del TC que le sea favorable en los conflictos que le tocará dirimir en los próximos años, entre los que muchos recursos del PP y de Vox contra leyes aprobadas por el gobierno actual.
El bloque progresista, por su parte, destaca que la reforma del gobierno español sólo está pensada para situaciones excepcionales como la actual, en la que la renovación está bloqueada por los conservadores.
Buscar solución al «doble bloqueo» de los conservadores
Y denuncian el «doble bloqueo» que ejercen estos con las mayorías que todavía tienen en el CGPJ y en el TC, y añaden que el papel del Congreso es precisamente ofrecer soluciones a situaciones de este tipo.
Es, por tanto, una pugna de poderes y de nombres con trasfondo partidista, en la que destacan algunos candidatos a convertirse en miembros del TC, entre ellos el juez Pablo Llarena.
Mientras tanto, tanto el partido de extrema derecha Vox como Ciudadanos han propuesto hacer una moción de censura a Pedro Sánchez, pero el PP de momento se resiste y quiere poner recurso contra la reforma, precisamente en el Constitucional.
