El Tribunal de Cuentas sigue en sus trece para mantener la causa de la responsabilidad contable del 1-O contra el president exiliado Carles Puigdemont y de los consellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Durante la vista de las cuestiones preliminares que ha tenido lugar en la sede de este organismo, el abogado Gonzalo Boye ha pedido que se les aparte de la causa mientras no se tramite un suplicatorio en el Parlamento Europeo, alegando que tienen inmunidad.
La de este viernes ha sido una vista previa al juicio contable contra 35 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat, entre ellos los antiguos presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, y también responsables del Diplocat.
Alegan indefensión
Las defensas han pedido que se archive o anule el caso cuestionando la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, que dicen que les ha generado indefensión. También apuntan que los hechos han prescrito porque han pasado más de 5 años.
Además, Boye insistió en que la condición de eurodiputados impide que se les encause mientras el Parlamento Europeo no se haya pronunciado sobre un suplicatorio de esta institución. Igualmente, recordó que la causa se ha abordado tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado 13 de Barcelona, y que, por tanto, el Tribunal de Cuentas pretende juzgar dos veces el mismo hecho.
Sin embargo, la consejera del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, mantiene la negativa y dice que el TdC ya había desestimado la pretensión de inmunidad para los tres.
De hecho, Hernáez ha rechazado todas las pretensiones de las defensas para suspender el procedimiento por los supuestos gastos del Procés independentista de 2017. La consellera entiende que la inmunidad impide que se pueda detener ni juzgar a los eurodiputados sin un suplicatorio, pero que eso no afecta un proceso contable.
También argumenta que el hecho de que haya dos juicios no implica que se castigue dos veces a una persona por los mismos hechos, porque el procedimiento contable no es “sancionador”, sino que busca esclarecer la responsabilidad contable derivada de gastos del Procés.
El unionismo aliado
Sin sorprender a nadie, el TdC comparte visión con la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y la representación de Sociedad Civil Catalana (SCC), que rechazan la posibilidad de pedir un suplicatorio en el Parlamento Europeo.
Paralelamente, la Fiscalía ha rebajado de 3,4 millones a 3,1 millones el total de dinero que reclama a los encausados. Ha eliminado del cómputo la campaña Civismo que tuvo un coste de 336.143,34 euros. Una decisión que libera del proceso a uno de los encausados, Jaume Mestre Anguera.
Puigdemont podrá declarar
Carlos Puigdemont podrá declarar en este juicio. La consellera rechazó en un primer momento la petición de Boye porque no puede pedir que declare a su propio defendido, pero admitió las peticiones de las demás defensas. De esta forma, Puigdemont podrá tomar la palabra en el proceso. Si lo hace, sería por videoconferencia, aunque Hernáez le ha animado a hacerlo presencialmente.
Boye pide el testigo de Cristóbal Montoro
Durante la vista de este viernes, Boye también pidió que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declare en el proceso. El motivo es que Montoro, después de activar controles adicionales en las cuentas de la Generalitat, aseguró públicamente que la Generalitat no había destinado recursos públicos al Procés independentista.
