El presidente español Pedro Sánchez afirmaba ayer que su gobierno tomará las medidas necesarias para poner fin al bloqueo en la renovación del poder judicial, tanto los miembros del Tribunal Constitucional (TC) como los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el mandato caducado, de quien hace responsable el Partido Popular.
Lo ha dicho en una declaración institucional para valorar la decisión del TC de paralizar la tramitación de la reforma judicial, que modifica el sistema de renovación de sus magistrados y que PSOE y Podemos querían salir adelante justamente para poner fin al bloqueo.
La situación, ha destacado, parte de que en cuanto perdió las elecciones, el PP decidió «incumplir el mandato constitucional» y activar un bloqueo de la renovación de los órganos «inédito en democracia» con «el único propósito de mantener una composición anterior» del Consejo General del Poder Judicial «favorable a su orientación».
Ese bloqueo que, según recuerda, ha durado cuatro años. Un tiempo en el que el PP ha ido poniendo «pretextos y excusas» para «mantener por medios espurios un poder que los ciudadanos no han validado en las urnas», ha dicho.
En esta irregular y antidemocrática postura judicial, todo, según Sánchez, ha llevado a una situación que se ha ido degradando a lo largo de los años y que culmina con la decisión de la mayoría conservadora del Constitucional.
En una comparecencia en La Moncloa, justo antes del Consejo de Ministros, Sánchez ha dicho que acatan la decisión del TC, pero ha añadido que se trata de un hecho «grave» que ha provocado un «choque institucional inédito», tanto en España como en Europa. En este sentido, dice que comprende la «indignación de los demócratas y la preocupación de los ciudadanos».
