La derogación del delito de sedición es ya una realidad, después de que ayer fuera aprobada por el Senado, junto con la modificación del delito de malversación. Fue después de un debate que duró más de cuatro horas. A partir de ahora, el Código Penal mantendrá las penas actuales previstas para el delito la malversación cuando sea cometido con ánimo de lucro: de 2 a 12 de prisión y de 6 a 20 de inhabilitación.
Sin embargo, introduce dos tipos penales nuevos, relativos a la malversación sin ánimo de lucro: la malversación para «usos privados» (de 6 meses a 3 años de cárcel e inhabilitación de 1 a 4 años) y la malversación de partidas presupuestarias destinadas a finalidades distintas de las previstas (de 1 a 4 años de prisión y de 2 a 6 de inhabilitación).
Entra en vigor, por su parte, el delito de desórdenes públicos agravados, con una pena máxima de 5 años. La reforma del Código Penal ha salido adelante con 3 abstenciones, 118 votos en contra del PP, Vox, Cs, Junts y UPN, y 140 votos a favor, del PSOE, Esquerra, Bildu, PNV y Més Mallorca.
La Cámara Alta ha acatado la decisión del Tribunal Constitucional y no ha tramitado las dos enmiendas que proponían cambiar el sistema de renovación del propio Tribunal Constitucional. La primera quería modificar la ley orgánica del poder judicial para eliminar las tres quintas partes ahora necesarias para nombrar a los magistrados del TC que corresponde proponer al CGPJ.
La segunda quería modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar el examen de idoneidad a los nuevos magistrados y habilitar la opción de renovar por sextas partes en vez de a tercios. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado la ley entrará en vigor a los 20 días. Estos cambios harán que se revisen las condenas de los presos políticos del Procés y también afectarán a juicios futuros.
Pero sobre todo, el TC queda en entredicho, despertando la desconfianza de posibles decisiones y dejando un rastro de politización en sus filas demasiado visible. Algo que por cierto ya sabían los parlamentarios catalanes, que han vivido en sus carnes las decisiones del ahora cuestionado tribunal.
