Una vecina de Almuñécar (Granada) de nacionalidad rumana permaneció durante seis días en prisión por un error judicial que le hizo ser confundida con otra mujer en busca y captura, un traumático episodio que hoy, cuatro meses después, sigue viviendo como «una pesadilla» y por la que ha presentado una reclamación patrimonial.
Los hechos, ha relatado a EFE su abogada, Mercedes Fernández, ocurrieron a mediados del pasado mes de agosto, cuando Mirela Stoian, una ciudadana rumana de 38 años que lleva 20 residiendo en España, se personó en el cuartel de la Guardia Civil de Almuñécar para denunciar el robo de su moto.
Una vez allí, fue detenida al existir supuestamente contra ella un auto de busca, captura e ingreso en prisión por haber aprovechado un permiso penitenciario en Palma de Mallorca para fugarse, algo que ella negó desde el principio y así lo hizo saber, «desesperada», a los agentes y a la abogada que, en una sustitución de turno de oficio, acudió a firmar la requisitoria. En el auto figuraban los datos personales de su clienta (número de filiación, NIF, nacionalidad, padres…), pero ante la insistencia de la mujer, que reclamaba ayuda por lo que aseguraba ser un error, trató de hacer las averiguaciones necesarias ante el Juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca que lo dictó.
Mirela ingresó en el centro penitenciario de Albolote (Granada), cuyo director, al que relató su situación, intervino también al percatarse del error e hizo gestiones -inicialmente sin éxito- ante la cárcel y el Juzgado de Palma de Mallorca.
Finalmente, la situación de Mirela fue atendida: «La juez de Palma me pidió perdón y lo atribuyó a un error informático», señala Fernández, abogada de la mujer. En el encabezamiento de la sentencia (por robo) que condujo a prisión a la mujer en busca y captura, figuraban los datos de su clienta en lugar de los de la verdadera enjuiciada y encausada, que sí constaban en el cuerpo del fallo.
Solo había que visualizar la grabación del juicio para comprobar que la Mirela encausada en nada se parecía a mi clienta», lamenta la abogada, que ha presentado en su nombre una reclamación patrimonial previa ante el Ministerio de Justicia por la situación vivida.
