Este jueves día 12 de enero entra en vigor la reforma del Código Penal y podría tener efectos inmediatos en la situación de los encausados por el proceso soberanista. Según han dicho fuentes del Tribunal Supremo a la televisión publica TV3, el juez Pablo Llarena presentará este jueves un auto para comunicar cómo afecta a la reforma del Código Penal las euroórdenes dictadas contra Carles Puigdemont y el resto de exiliados.
Las euroórdenes de Llarena se basaban en el delito de sedición, que con la reforma aprobada el pasado mes de diciembre ha quedado derogado. Como el nuevo Código Penal ya no incluye el delito de sedición, está por ver si se puede pedir la extradición de los encausados por el 1-O que viven en el extranjero por algún otro delito.
Una opción es el delito de desórdenes públicos, reescrito con la reforma del Código Penal. Este delito contempla penas de hasta cinco años de cárcel, muy inferiores a las de 15 años que era la condena máxima por sedición. Otra posibilidad es pedir la extradición por el delito de malversación, que también se ha reformado y pasa de un máximo de 12 años de cárcel a, a lo sumo, cuatro, si no hay ánimo de lucro.
La extradición por malversación sólo afectaría a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. En cambio, no afectaría a Clara Ponsatí y Marta Rovira. La secretaria general de Esquerra sigue procesada por rebelión, un delito que ya cayó durante el juicio del Supremo, en el que se condenó a nueve líderes independentistas por sedición. Por tanto, sólo se podría pedir la extradición por el delito de desórdenes públicos.
