La situación ya se esperaba y han llegado sus consecuencias; las movilizaciones han germinado por media España: siete comunidades autónomas tienen a sus sanitarios en huelga o en las calles con protestas semanales y una octava (Galicia) negocia posibles movimientos. Allí donde no hay movilizaciones, hay saturación y precariedad sanitaria que remite directamente en la salud de la ciudadanía.
Tras anunciarse los presupuestos que destinarán las Comunidades Autónomas para 2023, los porcentajes para la Atención Primaria apenas han ascendido respecto al año pasado. Tal y como piden las asociaciones en defensa de la sanidad pública, ninguna región ha llegado al 25% que se recomienda necesario, así que no hay elementos para pensar que el contexto actual vaya a cambiar.
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La huelga que desde hace un mes mantienen médicos y pediatras de Atención Primaria en Madrid está en el dinero. O más bien, en la inversión. El enredo en las negociaciones entre el Comité de Huelga, encabezado por el sindicato Amyts, y la Consejería de Sanidad para frenar las protestas que suscriben casi 5.000 facultativos va camino de convertirse en un tren sin rumbo.
En Andalucía van en la misma línea. El Sindicato Médico de Primaria (SMP)ha convocado una huelga indefinida a partir del próximo 20 de enero en protesta por la situación de la Atención Primaria en el sistema sanitario público de Andalucía que, en su opinión, no supone una prioridad para el Gobierno regional.
