La justicia española vuelve a las andadas. El valiente abogado del president de la Generalitat en el exilio Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, es firme en su ideario y ha cargado contra la nueva interpretación que ha hecho el juez Llarena para reclamar la pena máxima a Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín por el delito de malversación, recientemente modificado a raíz de la reforma del Código Penal que entró en vigor el pasado jueves, 12 de enero.
Ese mismo día, el principal instructor de la causa contra los políticos independentistas y el referéndum del 1-O comunicó que desactivaba las órdenes de detención nacionales e internacionales contra los políticos exiliados por el delito de sedición, puesto que éste se ha derogado; sin embargo, también anunciaba que les mantiene las causas por malversación y desobediencia, con una nueva interpretación del primer delito que le permite pedir la pena máxima: 12 años de cárcel.
La modificación del delito de malversación pactada entre ERC y el PSOE buscaba que la pena máxima que pudiera imponerse a los políticos independentistas fuera de 4 años de cárcel, pero Pablo Llarena, el polémico magistrado que persigue a lo que no sea españolismo, ha encontrado la forma de pedirles 12 años. El juez se basa en uno de los matices introducidos, precisamente el que distingue entre los despilfarradores que se lucran a título personal, y los que no, para interpretar la ley a su manera.
Así, sostiene que, si bien no se lucraron personalmente, los fondos públicos “estaban plenamente desvinculados del funcionamiento legítimo de la administración”, hecho que él hace entrar también en el enriquecimiento personal. Así, Llarena ha encontrado la forma de reclamar 12 años de cárcel para Puigdemont, Comín y Puig.
El Gobierno en ridículo por Llarena
El auto de Llarena, dictado contra los cinco perseguidos del Procés, ha supuesto todo un varapalo para el argumentario del Gobierno. Ha dicho, en contra de lo que ha defendido el Ejecutivo, que no hacía falta armonizar, que la sedición no criminalizaba la protesta política y que España no tenía demasiadas diferencias en el marco europeo con su tipificación.
El dictado del magistrado del Tribunal Supremo provocó que por la noche, el presidente catalán exiliado en Bélgica, Carles Puigdemont, cambiase las expectativas sobre su regreso a España. Si bien en un inicio su regreso parecía inminente, así lo había trasladado su abogado Gonzalo Boye, al final enfrió la postura porque sigue imputado por malversación agravada.
Para el PSOE es una suerte de victoria que ha quitado la razón al PP, aunque Montero no ha especificado que eso signifique que le haya dado la razón a su partido. «El PP defendía que la modificación permitiría que Carles Puigdemont volviera con una alfombra roja», ha dicho. «Lo que pone de manifiesto es que tiene que responder ante la justicia. La reforma del Código Penal obliga a que Puigdemont se enfrente a sus delitos», ha añadido.
Ante tanto despropósito, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha hablado como es su dogma jurídica, claro y directo, en Twitter, exponiendo la verdadera problemática de la legislación y judicatura españolas. Tal y como expone el abogado, el problema de la justicia española no está tanto en las leyes (que también), sino en el uso que los magistrados hacen de ellas. Prueba de ello, según escribe Boye, es precisamente el hecho de que «incluso cambiando las leyes», los jueces «las interpretan de la manera que les apetece», tal y como ha hecho ahora Llarena para seguir persiguiendo a Puigdemont.
¿Queda claro que el problema no estaba tanto en las leyes como en el uso que de ellas se ha hecho? Lo digo porque incluso cambiándolas las interpretan en la forma que se les antoja
— Gonzalo Boye (@boye_g) January 13, 2023
