La justicia española sigue en el pozo de la venganza y la represalia sobre los encausados del Procés. La Fiscalía del Supremo ahora no quiere despenalizar los hechos del 1-O y trata de tipificarlos como desórdenes públicos -cualquier cosa se ‘afina’ mientras el escarmiento siga- tras derogarse el delito de sedición. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que los fiscales del Procés estudian pedir desórdenes públicos agravados para los condenados del 1-O -cuya sentencia debe revisarse tras la reforma del Código Penal- y los exiliados.
Este delito se castiga con penas que oscilan entre los 3 y 5 años de cárcel. Una estrategia más en línea con los objetivos del gobierno español, pero no con el juez Pablo Llarena, que, en su auto, apuesta por condenar a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig por malversación agravada, con penas que pueden llegar hasta 12 años de prisión.
Informes
En paralelo, el ministerio público prepara las alegaciones que en los próximos días debe presentar ante el Tribunal Supremo sobre cómo deben aplicarse las reformas penales a la sentencia del Procés, un informe en el que también podría poner sobre la mesa el delito de desórdenes públicos para los condenados. También las acusaciones ejercidas por la Abogacía del Estado y Vox y las defensas preparan sus informes sobre la revisión de la sentencia del Supremo: el alto tribunal les fijó este jueves un plazo de ocho días.
La defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los condenados de ERC tiene previsto presentar la próxima semana sus escritos ante el Supremo, en los que plantearán que las reformas penales conducen a la absolución de los condenados por el Procés. Por el contrario, los exconsellers de Junts Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Jordi Sànchez no presentarán ningún tipo de alegación ante el Supremo, aunque el tribunal está obligado a revisarles igualmente la condena una vez derogada la sedición.
Exiliados
El auto que ha dictado esta semana Llarena ha abierto un nuevo escenario para los líderes del Procés en el exilio. En los casos de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exconsejera Clara Ponsatí, permite su regreso a España sin riesgo de cárcel, dado que ahora sólo se las persigue por desobediencia, delito que no comporta penas de cárcel.
Rovira ha dicho que no se plantea volver de forma inminente -aunque lo hará si se dan las condiciones-, pero Ponsatí ya ha anunciado que volverá rápido y que descarta presentarse ante el Supremo dado que no reconoce su competencia. Si la exconsellera desoyera una citación para comparecer ante el Supremo, podría ser detenida a efectos de ser conducida ante el juez -según establece la ley-, pero quedaría en libertad posteriormente ya que el delito por el que está procesada no implica penas de prisión.
