La Fiscalía española vuelve a destilar aires de revancha y represalias contra los exiliados del Procés. Ahora quiere que se pida el delito de desórdenes públicos agravados a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Desordenes públicos hay desde que la gente se manifiesta en las calles. Los desordenes agravados eran los que Rodolfo Martín Villa provocaba disparando a los manifestantes. Hablamos de lo que pasaba en el preconstitucionalismo con el ‘franquismo’, durante y después, no lo que paso en el 2017. Eso si fue delito sin castigar. Esto es una treta jurídico-política.
El ministerio público discrepa del juez Pablo Llarena, que la semana pasada actualizó el procesamiento coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, que elimina la sedición a la que hasta entonces les acusaba. Así pasó a atribuirles los delitos de desobediencia y malversación. Llarena decretó nuevas órdenes de detención e ingreso en prisión para estos delitos.
Pues bien, los fiscales del juicio del Procés han presentado un recurso de alegación en el auto de Llarena. No quieren que la reforma del Código Penal deje impune el Procés y defienden que los desórdenes públicos agravados, que también se modificaron en la reforma del Código Penal, encajan con los hechos de otoño del 2017 en Catalunya.
Por eso, piden a Llarena que rectifique e incluya ese delito en su resolución contra Puigdemont, Comín y Ponsatí. En su escrito de diez páginas, los cuatro fiscales de sala, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, recuerdan que el relato de hechos probados de la sentencia de octubre de 2019 recoge «hechos tumultuarios con resultado de alteraciones graves del orden público, dificultades y cortes en la circulación, invasión de instalaciones y edificios con grave afectación del funcionamiento de la administración de justicia y de los servicios esenciales».
Para argumentar el cambio que reclaman, también añaden como probados «actos de intimidación y violencia sobre personas y cosas» o «a menudo, violentos enfrentamientos de miles de ciudadanos movilizados a tales efectos con las fuerzas de seguridad los días 20 de septiembre y 1 de octubre».
Según la Fiscalía, si miembros del Govern de Puigdemont como Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull o Jordi Turull, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell o Jordi Sánchez y Jordi Cuixart fueron condenados por sedición por «comportamientos tumultuarios», el presidente de ese gobierno y los otros dos consellers en el exilio, aparte de Lluís Puig, también deben ser corresponsables de aquellos hechos.
«No sería comprensible que la multitud de episodios violentos, organizados con el fin de alterar el orden constitucional, planificados, ideados, dirigidos, impulsados y realizados intelectual y materialmente por los acusados, acabaran convertidos en atípicos desde el prisma de ‘orden público’, afirman.
