EL president de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, pidió a Pablo Llarena que deje sin efecto la orden de detención e ingreso en prisión contra él, que el juez emitió la semana pasada por los delitos de desobediencia y malversación. Éste último delito está castigado con hasta 12 años de cárcel.
Ya lo indicamos desde Las Repúblicas, y hay que volver recordar que Llarena lo hizo en aplicación del nuevo Código Penal, que deroga la sedición, delito por el que se reclamaba hasta ahora al presidente del Consell de la República.
En el recurso, su defensa, gestionada por el abogado Gonzalo Boye, alega que no cometió malversación ni desórdenes públicos agravados y que su inmunidad como europarlamentario anula todas las decisiones del magistrado dictadas desde que adquirió ésta condición en 2019.
También reclama que, en caso de que se rechace, se planteen una serie de cuestiones prejudiciales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Entre otras cuestiones, insta a que se pregunte si el Tribunal Supremo es competente para llevar una causa contra un eurodiputado, como es el caso de Puigdemont, que goza de inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.
Cuando emitió la nueva orden, solo aplicable dentro de territorio español, Llarena rechazó acusar a Puigdemont del delito de desórdenes públicos, que también se han modificado con el nuevo Código Penal, al entender que los hechos del octubre de 2017 no encajan en su descripción, contrariamente al criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que le han reclamado lo contrario.
El juez instructor del Tribunal Supremo también emitió las mismas órdenes de detención, por los mismos delitos de desobediencia y malversación, contra Clara Ponsatí y Toni Comín. En cuanto a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ya la ex consellera Clara Ponsatí, se las reclama por desobediencia, derogada la sedición.
