Han pasado más de cinco años, y ahora el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha cerrado la instrucción por las cargas del 1 de octubre de 2017. El juez ha decidido enviar a juicio a 45 agentes y librar a otros 20.
Todos ellos son agentes de la Policía Nacional, que podrían ser autores de delitos de lesiones e, incluso, de torturas y contra la integridad moral de los votantes. Ahora son las acusaciones, Fiscalía y particulares, las que deben redactar el escrito de acusación para sentar a los agentes en el banquillo. Tienen 40 días para ello.
El juez instructor, Francisco Miralles, apunta que los heridos pueden acusar a los agentes de un delito de lesiones leves o menos graves, pero también de los «delitos previstos en los artículos 174 y 175 del Código Penal». En estos artículos se incluyen los delitos de torturas y se recogen unas penas de 2 a 4 años de cárcel.
En una resolución de 70 páginas, el magistrado detalla la actuación policial en varios puntos de la ciudad que sirvieron de centro de votación. Donde se indica que hubo cargas en 25 centros de votación. La investigación se centra en los agentes que protagonizaron las cargas y sus mandos sobre el terreno pero no llega a la cúpula operativa y política que decidió la actuación durante el 1-O.
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