La Abogacía del Estado ha presentado este martes el escrito donde pide rebajar a cerca de la mitad las penas de inhabilitación a los condenados por el Procés en aplicación de la reforma del Código Penal que deroga la sedición y reformula la malversación y los desórdenes públicos agravados.
El escrito reclama que la inhabilitación quede fijada en 7 años para Oriol Junqueras (está condenado a 13 años), 6 años y 9 meses para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (12 años), 6 años y tres meses para Joaquim Forn y Josep Rull (10 años y seis meses), 6 años y seis meses para Carme Forcadell (11 años y 6 meses), y 4 años para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años).
En su escrito, la Abogacía contradice el criterio de la Fiscalía –y del Juez Llarena en el caso Puigdemont- y concluye que no se puede atribuir a ninguno de los condenados el nuevo delito de malversación con ánimo de lucro, sino sólo el de administración desleal.
Recuerda que durante el juicio del proceso «ni se practicó ninguna prueba ni se declaró en la sentencia» que los hechos «fueran con ánimo de lucro», y por lo tanto ahora no se pueden encajar en los casos más graves de malversación que recoge el artículo 432 del nuevo Código Penal.
En cambio, según la Abogacía, sí que se puede considerar que cometieron un delito de administración desleal porque destinaron los fondos a cuestiones diferentes a las que estaban destinados que recoge el artículo 433 del Código Penal, y por lo tanto la inhabilitación por este delito tendría que ser de uno a tres años.
