Los sindicatos policiales JUPOL, SUP y CEP han criticado la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona de procesar a 45 agentes de la Policía Nacional por las cargas del 1 de octubre de 2017 en varios puntos de la ciudad, a la par que han reclamado el apoyo del Ministerio del Interior y se consideran víctimas de una «cacería judicial», sobre todo cuando a los promotores del referéndum condenados los ha indultado el Gobierno.
La semana pasada se conocía que el juez instructor daba por concluida la investigación procesando a esos agentes y archivando para otros 20 policías. Y emplazaba a las acusaciones y a las defensas a pedir que el caso vaya a juicio o se le dé carpetazo. Según el juez, durante el 1-O hubo actuaciones «desproporcionadas» e «innecesarias» por parte de los policías, como «puñetazos, patadas o golpes con porras» en diferentes colegios e institutos donde se colocaron urnas.
JUPOL, el sindicato mayoritario, ha reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que defienda a los 45 agentes procesados por «hacer su trabajo» de impedir el referéndum. A través de un comunicado han exigido a Marlaska que «de una vez por todas» salga en defensa de los policías nacionales y que «deje de ponerse del lado de los sediciosos y los delincuentes», anunciando el sindicato que pondrá a disposición de estos agentes sus servicios jurídicos para que puedan «defenderse ante un nuevo ataque».
Y ha insistido en criticar la decisión del Gobierno del PP de Mariano Rajoy de mandar a los policías a Catalunya para el 1-O y «dejarles abandonados ante las agresiones continuas de los radicales independentistas», por las que «muchos policías resultaron heridos, algunos incluso teniendo que ser jubilados del servicio».
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha manifestado su «indignación» y «estupefacción» ante la decisión de procesar a 45 de los policías que intervinieron frente a los altercados producidos durante el democrático referéndum en Catalunya. En su comunicado, han señalado que ofrecen también a los agentes sus servicios jurídicos ante un proceso que consideran «politizado».
El «pecado» de defender la Constitución
SUP ha contrapuesto que la mayor parte de los dirigente políticos de aquellos hechos han sido indultados por el Gobierno y ahora «se persigue y procesa a un grupo de agentes que se desplazaron allí con la orden y el deber de preservar la estabilidad democrática». En su comunicado, han señalado que ofrecen también a los agentes sus servicios jurídicos ante un proceso que consideran «politizado».
Y Confederación Española de Policía (CEP) ha apuntado directamente a la Generalitat catalana y al Ayuntamiento barcelonés, que en el inicio estaban, explica, como acusaciones particulares. La CEP ha denunciado «cinco años de cacería judicial contra 65 compañeros» que simplemente cometieron el «pecado» de «defender la Constitución, la legalidad y a todos los españoles durante el 1-O».
El sindicato ha asegurado en un comunicado que «no les extraña» que la Generalitat y el Ayuntamiento les señalasen, porque los policías llevan «años denunciando los planes independentistas, que pasan por eliminar» la presencia de la Policía en toda Catalunya.
Y desde la política, la portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que estos agentes sean procesados y que Moncloa indultara a los líderes independentistas del Procés que fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo.
«Los policías que defendieron el orden constitucional procesados y los culpables de romper el orden constitucional, los golpistas, indultados por Sánchez. Todo al revés», ha señalado en Twitter…
🗞️ Esta semana hemos denunciado la cacería judicial desatada, con ayuda de Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, contra los compañeros que intervinieron en #Cataluña el 1-O.
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— CEP (@cep_cepolicia) January 29, 2023
