El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia respecto al caso de los exiliados por el Procés, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, respondiendo así también a las cuestiones prejudiciales enviadas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, a raíz de la negativa de Bélgica de entregar Lluís Puig, por a quien Llarena había emitido una euroorden con el objetivo de extraditarle.
La sentencia del TJUE, fruto de la deliberación de 15 magistrados, es firme y no puede recurrirse. Si bien, ciertamente, el TJUE concluye que un Estado miembro no puede denegar una euroorden por falta de competencia del tribunal u órgano que solicita la extradición, y admite que el Supremo puede emitir nuevas euroórdenes, aunque avisa de que deben ser proporcionadas.
Sin embargo, en caso de que existan “objetivos fiables, precisos y acreditados” que demuestren “deficiencias sistémicas o generalizadas” en el sistema del estado que pide la extradición, entonces la euroorden puede denegarse. Además, y aquí llega una parte destacada de la sentencia, una euroorden puede denegarse cuando las deficiencias sistémicas o generalizadas del estado solicitante afectan a un “grupo objetivamente identificado de personas”, es decir, cuando un grupo concreto tiene mayor riesgo de ver sus derechos fundamentales vulnerados.
Así pues, la respuesta del TJUE, aunque algunos medios la celebran como un golpe contra los políticos independentistas en el exilio, establece un precedente para sí mismos y la denegación de las euroórdenes, al darles margen y argumentos para defenderse en caso que el Supremo quiera extraditarlos de nuevo. Alcanzar este reconocimiento era uno de los objetivos de los independentistas, que defienden que el estado de derecho deja de funcionar cuando las cuestiones les afectan a ellos.
