Expectante respuesta dada por la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric. Esta política croata ha respondido la carta que el presidente Quim Torra y el exvicepresidente del Parlament Josep Costa le enviaron el pasado 3 de febrero denunciando la falta de voluntad y el obstruccionismo de los tribunales españoles y del gobierno de Pedro Sánchez en los casos sobre el espionaje contra independentistas con el Software Pegasus.
Pejcinovic ha indicado que los tribunales de los estados miembros de la UE deben velar por proteger los derechos incluidos en la Convención Europea de los Derechos Humanos como es el derecho a la privacidad (Artículo 8). A su vez, ha señalado el camino del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Torra y en Costa para denunciar la vulneración, según un comunicado de la oficina del presidente.
El objetivo de los dos demandantes en el caso de que actualmente se encuentra en el Tribunal Supremo español es llegar a la mayor brevedad posible a los tribunales europeos, “que es el único lugar donde se puede hacer justicia para los independentistas catalanes”. En este sentido, el presidente Torra i Costa esperan agotar la vía de los recursos dentro del Estado español para poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Su carta, ha sido enviada también a las comisiones de investigación del Parlamento Europeo y del Parlamento de Catalunya, así como a los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas que publicaron un informe sobre el infame espionaje a independentistas catalanes la semana pasada.
En dicha misiva, Torra y Costa, denunciaban que la causa iniciada para esclarecer y pedir una reparación por el espionaje que sufrieron en el ejercicio de sus cargos con el software Pegasus sigue encontrando los obstáculos y las obstrucciones de la justicia española y del gobierno del PSOE y Podemos.
Así, sostienen que la actuación de los tribunales españoles y las respuestas y omisiones por parte del Gobierno de España directamente o a través de la abogacía del Estado son de “boicot y de negativa sistemática ante la voluntad de conocer y poner luz a la vulneración masiva de derechos sufrida por los demandantes”.
