Nuevo episodio sobre las Cloacas del Estado, esta vez por la infame «Operación Kitchen». La Fiscalía española afirma que los 9 encausados, con el tenebroso ministro Jorge Fernández Díaz al frente, idearon una operación ilícita para obtener del extesorero del PP, Luis Bárcenas, la información y las pruebas que pudieran “resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes”, con el objetivo de hurtarlas a la acción de la justicia.
Sostiene el Ministerio Público en su escrito que los implicados, “sin descartar la implicación de otras personas”, se concertaron en 2013 y 2014 para espiar y robar a Bárcenas “documentos e información” para que “tanto el PP como sus dirigentes no tuvieran que hacer frente a las eventuales responsabilidades penales” que de los mismos “se pudieran derivar”.
También detalla los distintos robos de material, como dispositivos informáticos, documentos, facturas e información contenidos en correos electrónicos del extesorero que podían afectar a otros dirigentes, o las vigilancias a Bárcenas y a su familia, con el registro ilegal incluido al estudio de su mujer, para encontrar la supuesta grabación del entonces presidente, Mariano Rajoy, destruyendo parte de las pruebas de la caja B del PP u otra relativa a Javier Arenas.
Los implicados incluso contactaron con un interno experto informático del centro penitenciario de Soto del Real, donde Bárcenas permanecía en prisión provisional, para “evitar que las supuestas grabaciones de Rajoy”, que supuestamente guardaba el extesorero en una nube informática “llegaran al juzgado” número 5 de la Audiencia Nacional, que instruía el procedimiento de la caja B del PP.
Fernández Díaz y el resto de la red de espionaje llegó a emplear un dispositivo de 70 agentes de la Policía Nacional, según el escrito del Ministerio Público, para vigilar a la familia Bárcenas en 2013 y 2014. También destinaron 54.700 euros para sobornar al chófer de Bárcenas, con el objetivo de que les mantuviera informados de sus andanzas y le sustrajera información.
Así, anticorrupción ha sido contundente y ha enviado ya su escrito a la Audiencia Nacional con conclusiones provisionales sobre esta línea de investigación derivada del conocido como caso Tándem o caso Villarejo, que se dirige contra once procesados, entre ellos Fernández Díaz y Francisco Martínez.
Entre los procesados no se encuentra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes fueron investigados durante unos meses hasta que el juez les sacó de la causa, en contra del criterio de la Fiscalía y de las acusaciones.
Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos ya habían presentado sus escritos. Los socialistas solicitaban 48 años y 4 meses de cárcel para el exministro del Interior, mientras que Podemos pedía 41 años. Por su parte, la familia de Bárcenas han pedido más de 40 años de cárcel para el ex ministro de Interior. Otro paso más para airear las Cloacas…
