El abogado de Laura Borràs, Gonzalo Boye, alegó ayer miércoles que la investigación por las supuestas irregularidades en la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) ha vulnerado varios derechos fundamentales de la presidenta del Parlament suspendida. «Hemos pasado del ‘a por ellos’ al ‘a por ella'», ha asegurado, remarcando que la investigación ha sido dirigida contra ella por su condición política. “Primero hay que investigar el qué y después el quién; pero aquí se ha hecho a la inversa, primero el quién y después el qué”, ha remarcado.
Además, quiso desvirtuar los testigos de los responsables administrativos de la ILC, que inculparon a Borràs, asegurando que lo hicieron para exculparse a sí mismos. En un discurso de más de hora y media, Boye ha querido reiterar las supuestas vulneraciones de derechos que ha sufrido su cliente antes y durante el juicio, como ha alegado anteriormente. Empezó diciendo que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, no es un juez imparcial y se ha demostrado, a su juicio, antes y durante la vista oral.
Así, ha puesto como ejemplo de ello el hecho de que Barrientos instara a la defensa de Borràs a alegar las vulneraciones en «fases posteriores» del proceso, dejando entrever que la sentencia sería condenatoria y podría recurrir en instancias superiores. «Nos perturba que lo diga», ha añadido. «No cuestionamos su profesionalidad, estamos hablando de la apariencia de imparcialidad», ha dicho, recordando jurisprudencia europea.
También considera que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia por las filtraciones en la prensa del procedimiento judicial y algunas declaraciones públicas de responsables políticos. «Se le ha privado de un juicio justo ya antes de empezar», ha dicho. Igualmente ha criticado el pacto de las otras dos defensas con la fiscalía, al asegurar que el derecho de defensa es individual hasta que se «colectiviza y se comparten documentos».
Respondiendo a la fiscalía, ha dicho que en las causas judiciales se debe investigar primero el qué y después el quién, y en este caso se ha hecho al revés. «Si se investigan hechos y no personas, Borràs es un hecho, lo han deshumanizado», ha remachado. También ha dicho que los hechos investigados no son delictivos y, si lo son, «falta gente en el banquillo», como los dos responsables administrativos que la incriminaron. «El miedo es libre», ha dicho en referencia a Assumpta Pagespetit, que «cambió la versión al ver qué le pasaba a Borràs». «Decía que no le gustaba lo que hacía Borràs en la ILC, pero a la vez le aplaudía en las redes sociales», ha ironizado.
Además, recordó que el código deontológico de los funcionarios de la Generalitat les obliga a denunciar supuestas irregularidades. «Desde Nuremberg no había tanta gente que dijera que cumplía órdenes», ha llegado a decir. Por eso, considera que a esta testigo «hay que cogerla con pinzas».
De hecho, ha admitido que los dos presupuestos que acompañaban siempre al de Isaías Herrero que acababa ganando eran «falaces, pero no falsos». A su juicio, los tres presupuestos se hacían porque Pagespetit se negaba a adjudicar directamente el trabajo a Isaías si no se hacía un contrato menor con competencia. «Pagespetit no estaba engañada, la falsedad era inocua, todos sabían que los presupuestos eran falaces, no falsos», ha argumentado.
Por otra parte, ha respondido a la fiscalía que nadie puede creer que el portal web de Les Lletres Catalanes -Las Letras Catalanas- desapareciera para que los servidores particulares donde se alojaba estuvieran a nombre de Isaías Herrero y éste dejara de pagar. A su juicio, esto se habría descubierto durante la instrucción de la causa.
También reiteró que las pruebas informáticas recopiladas no son concluyentes, porque se decomisaron sin la autorización adecuada y se hizo de forma poco delicada tecnológicamente, lo que pone en duda su veracidad, según Boye. También recordó que la jurisprudencia europea veta el acceso masivo a los correos electrónicos de un investigado sin una autorización judicial específica.
Por último, ha pedido al tribunal que no sentencie a Borràs por su simpatía o antipatía hacia ella, sino con base a la legalidad y las pruebas. De hecho, ha dicho que él no defendía sólo a Borràs, sino «el Estado de Derecho desde una perspectiva democrática; no debería haber pasado en una democracia”. Las defensas de los otros dos acusados no han hecho informe final al conformarse con la versión y reducción de pena de la fiscalía.
