La portavoz española, de partido casi extinto Ciudadanos, Patrícia Guasp, ha afirmado que le «repugna» que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol «dé lecciones» y llame a la movilización para defender el catalán. En una atención a los medios a las puertas del Mobile World Congress, Guasp se ha referido a las declaraciones que Pujol hizo ayer en la presentación del libro ‘L’última conversa’ (La última conversación).
El president aseguró que el catalán «vuelve a estar en un grave peligro» y que el país necesita «una gran movilización popular general». A su vez, el líder de Cs en Catalunya, Carlos Carrizosa, ha añadido que Pujol «no es nadie» para decir a la sociedad catalana lo que debe hacer. «No es ningún ejemplo por su corrupción y la de su familia», ha añadido.
En la misma línea, Guasp ha lamentado que tanto España como Catalunya hayan «dejado de penalizar la corrupción» y ha culpado de ello a los pactos entre socialistas y ERC. «El Gobierno y Pedro Sánchez han dado muchos pasos para reducir el delito de malversación, y éste es uno de los peajes que deben pagar los ciudadanos españoles», ha criticado.
Carrizosa ha reiterado que Catalunya está ante una operación de blanqueamiento de Pujol, «auspiciada por los nostálgicos de Convergència i Unió». El líder de la formación en Catalunya ha criticado que JxCat «revitalice la figura» de una persona «nefasta para la política catalana». El alcaldable de la formación para Barcelona, Anna Grau, también ha querido pronunciarse respecto a las declaraciones de Pujol, y ha alertado al también alcaldable Xavier Trias: “Jordi Pujol no te está ayudando en la campaña. Bilingüismo o nada”, ha remachado.
Carrizosa también ha dicho que Pujol forma parte de «la misma órbita política» que la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, y ha criticado el acompañamiento que ha recibido la presidenta de Junts en los juzgados por parte «de los nostálgicos de Convergència». «Lo han hecho con Borràs y también lo hicieron con Oriol Pujol, hijo del expresidente», ha añadido.
La fiscalía decidió este miércoles mantener la petición de pena para la presidenta del Parlament suspendida por las supuestas irregularidades cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El ministerio público pide 6 años de cárcel, 21 de inhabilitación y 144.000 euros de multa por prevaricación y falsedad.
