Bruselas le ha puesto las cosas claras sobre el tema de la deuda a España, a la espera de que se concrete la reforma del Pacto de Estabilidad. Con esta, los países de la UE deben cambiar la marcha y aplicar una política presupuestaria «contractiva» en 2024 con el fin de reducir los insostenibles niveles de deuda pública, según las orientaciones de política fiscal.
Estas han sido presentadas este miércoles por la Comisión de Ursula von der Leyen. Para poner en práctica este cambio de orientación, el Ejecutivo comunitario pide al Gobierno de Pedro Sánchez (y al resto de socios comunitarios) que presente durante el mes de abril un plan de ajuste plurianual para reducir de forma sostenible el déficit y la deuda.
Dado que España es un país con un alto nivel de deuda pública (113%), el plan de Sánchez deberá garantizar un doble objetivo. En primer lugar, que el déficit público se sitúe por debajo del umbral del 3% en el periodo cubierto por el programa de estabilidad, es decir, antes de 2026.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha previsto que el desfase presupuestario baje del máximo del 10,3% en 2020 a un 2,9% en 2025. Pero las previsiones de Bruselas no son para nada tan optimistas.
La segunda condición que deberá cumplir el plan de Sánchez es «establecer metas fiscales que aseguren una reducción plausible y continua de la deuda». Además, de retirar de forma paulatina las ayudas públicas introducidas para proteger a hogares y empresas de la crisis energética.
España y el resto de Estados miembros tienen de plazo hasta el 30 de abril para remitir a Bruselas su programa de estabilidad actualizado, en el que debe incluirse el nuevo plan de ajuste. Si Sánchez no cumple estas condiciones en su plan, Von der Leyen podría recomendar metas de ajuste más ambiciosas.
