Vuelven a sentarse este martes en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó por el mismo motivo que ya lo hicieron hace más de dos años y medio, en julio de 2020. Cuando han llegado los cuatro acusados han recibido el calor de un grupo de apoyo de sus respectivos partidos, Junts y Esquerra, y también de la CUP y de la ANC.
Los miembros independentistas de la mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell ya fueron juzgados y condenados a 20 meses de inhabilitación ya 30.000 euros de multa, al ser considerados culpables del delito de desobediencia «contumaz, obstinada, recalcitrante, persistente y abiertamente opuesta» en el Tribunal Constitucional por admitir a trámite textos como las llamadas leyes de desconexión.
El juicio se repite ahora por orden del Tribunal Supremo, que dio la razón a Simón cuando presentó recurso con el argumento de que se había vulnerado su derecho a ser juzgada por un tribunal imparcial, porque dos de los magistrados del tribunal habían participado en fases anteriores del mismo procedimiento judicial, Jesús María Barrientos, presidente del TSJC, y el magistrado Carlos Ramos.
La Fiscalía del Estado y la Abogacía del Estado mantienen sus peticiones de pena originales y vuelven a pedir 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para cada uno de los acusados. Vox, que ejerce la acusación popular, por su parte, reclama penas mayores, de 2 años de inhabilitación y 108.000 euros de multa.
