Cambio significativo en la investigación por el espionaje con ‘Pegasus’ a la eurodiputada de ERC Diana Riba y del diputado en el Parlament del mismo partido Josep Maria Jové. La Audiencia de Barcelona ha ordenado en el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona que tome declaración a la empresa israelí NSO, fabricante del software espía y de la directora del CNI desde el pasado mayo, Esperanza Casteleiro.
Éste era un reclamo compartido por los dos representantes de ERC, sin embargo, se topó con la negativa de la fiscalía y la juez. Ahora, además de los interrogatorios, la Audiencia ordena que se haga un informe pericial independiente sobre los móviles de ambos políticos, que tendrán que ser entregados en el juzgado.
El pasado 24 de octubre el juzgado de instrucción número 20 admitió a trámite la querella contra la israelí NSO Group, propiedad de OSY Technologies. Pero en vez de citar a los querellados, como marca la ley, la juez de instrucción preguntó a la fiscalía qué diligencias quería practicar, ignorando las propuestas en la querella de Jové y Riba. Ambos recorrieron la decisión, y ahora la Audiencia les ha dado parcialmente la razón.
Colleja del tribunal a la jueza
El tribunal, por unanimidad, considera «incoherente» la decisión de la magistrada instructora y no da la razón a la fiscalía, que se opuso al interrogatorio de los representantes de NSO alegando que no constaba que hubieran operado en territorio español. La Audiencia le recuerda en el juzgado y en la fiscalía que la querella es para investigar si los móviles españoles de Jové y Riba fueron espiados mientras se encontraban en España.
La Audiencia ve pertinente que se pida información al CNI sobre la compra del software espía y su uso sobre Jové y Riba y, por tanto, cita a declarar a la directora del organismo, Esperanza Casteleiro. “La declaración no sería prospectiva, como denuncia el fiscal, sino necesaria para determinar si la actuación que en su caso se hizo con el spyware se hizo conforme a la legalidad vigente, con los límites legales y con autorización judicial, aunque, dado el carácter secreto de estas actuaciones, no se pueda dar más información que la confirmación de haber utilizado este programa”.
Sin embargo, el tribunal también considera que pedir a la empresa israelí que aporte toda la documentación relacionada con el caso y después interrogarla como investigada no respeta el derecho de defensa. Por ello, la Audiencia considera que primero debe informarse a NSO de que está investigada y después requerirle si quiere dar la documentación relacionada con el caso.
Pide los teléfonos
La Audiencia también considera que la pericial aportada por Jové y Riba desde Citizen Lab es válida, pero también debe corroborarse mediante un informe pericial realizado por los Mossos d’Esquadra o los informáticos que la juez dictamine. Además pide que se aporten los terminales telefónicos infectados. “Es probable que no se encuentre ningún rastro, como dice la parte querellante, dada la tipología del ‘spyware Pegasus‘, y también lo es que, dado el tiempo transcurrido, en 2019, los terminales queden inutilizados o sustituidos por otros, pero deben ser puestos a disposición de esta unidad para hacer esta constatación”, dice el auto de la Audiencia.
Por otra parte, la Audiencia recuerda que el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ya está investigando hechos similares sobre Ernest Maragall y Roger Torrent. Al respecto, la Audiencia no se pronuncia, pero dice que “la acumulación sería la primera cuestión a resolver para evitar la reiteración de diligencias de investigación complejas, al afectar, por un lado, a entidades mercantiles con sede en otros países y, por otra, a instituciones públicas como es el CNI”. Sí ve pertinente tomar declaración a Riba i Jové y de un hombre con el que habrían hablado en una de las conversaciones grabadas ilícitamente. Hay que recordar que el Caso Pegasus también se sigue dentro de la Unión Europea.
