Los Estados Unidos ha dado valor a los informes sobre el uso de Pegasus en España contra el independentismo catalán. Así la administración Biden señalaba este lunes en su informe anual sobre derechos humanos, el espionaje en España a líderes independentistas catalanes con el software Pegasus.
“Hay informes de que el Gobierno habría monitoreado las líneas de comunicación de políticos independentistas catalanes, aunque el Gobierno español sostenga que tiene la autoridad legal para hacerlo”, afirma el documento, elaborado por el Departamento de Estado.
El texto recoge que la organización Citizen Lab publicó que el Gobierno utilizó el software Pegasus para intervenir 65 teléfonos móviles de líderes independentistas entre 2017 y 2020, incluidos expresidentes de la Generalitat. Todo mientras Pere Aragonès acusa al Gobierno de «ocultar deliberadamente» el espionaje ante la comisión Pegasus que visita estos días Madrid.
La exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban habría reconocido haber pirateado los teléfonos de 18 líderes independentistas, pero afirmó que tenía “la autorización judicial” para hacerlo, cuenta el documento.
También el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció el año pasado que Pegasus fue utilizado por “actores externos” para intervenir los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la exministra de Exteriores Arancha González Laya, en 2021. Aunque el informe destaca el de los independentistas.
Abusos policiales
El Departamento de Estado también subraya que dos policías fueron procesados en Barcelona por la pérdida de un ojo de Marc Español, quien fue alcanzado por un proyectil en 2017 mientras “esperaba votar en el referéndum ilegal de independencia de Cataluña”.
En su informe de 2021, el Gobierno estadounidense recogió varios episodios de abusos policiales en España, como los sucesos ocurridos durante las protestas por la detención al rapero Pablo Hasel.
Recoge la demanda de varias ONG para que la policía deje de usar balas de goma durante las manifestaciones, y destaca el caso de la huelga de trabajadores del metal en Cádiz, donde manifestantes pidieron a la fiscalía una investigación sobre el uso de la fuerza.
El Gobierno anunció una investigación al respecto, pero “no ha hecho pública ninguna conclusión sobre estos incidentes”, relata el Departamento de Estado. Paralelamente, el informe afirma que en 2022 “hubo menos registros de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden” que en el año anterior.
Hay que tener en cuenta, que este detallado informe del Departamento de Estado Norteamericano sirve de guía al propio Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación.
