Siempre hemos creído que la eurodiputada Clara Ponsatí Obiols era una mujer valiente y lo ha vuelto a demostrar. Ponsatí ha regresado este martes a Catalunya atravesando la frontera franco española sin entregarse a las autoridades después de cinco años en el exilio. La ex consellera de Educació ha llegado este mediodía a Catalunya, donde ofrecerá una rueda de prensa para explicar su regreso desde Bélgica.
Actual miembro del Parlamento Europeo por Junts, Ponsatí tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum del 1-O. También tiene inmunidad europarlamentaria cautelar concedida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «Me siento muy bien, contenta por poder volver a pisar la Catalunya del sur», ha dicho Ponsatí en declaraciones en exclusiva para la Agència Catalana de notícies ACN.
Desde el coche con el que ha cruzado desde Perpiñán, Ponsatí ha asegurado que ahora queda «a la expectativa de las próximas horas y días». Con 66 años recién cumplidos, Ponsatí ha dado este paso después de que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena revisara la acusación contra los líderes independentistas aún no juzgados en la causa del 1-O a raíz de la derogación de la sedición pactada entre el gobierno español y ERC. Precisamente, Ponsatí sólo estaba acusada de ese delito, a diferencia del presidente Carles Puigdemont, el eurodiputado Toni Comín y el exconseller Lluís Puig, que se enfrentan a un delito de malversación.
Con la reciente reformulación de la causa del Proces en el Supremo, Ponsatí se expone a un delito de desobediencia, que no comporta penas de prisión. Llarena ha rechazado procesarla por el momento por el nuevo tipo agravado de desórdenes públicos, como querían la fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, Llarena prometió a Ponsatí y Marta Rovira –también acusada de desórdenes públicos– que «la detención se limitará al tiempo estrictamente indispensable para garantizar la continuación del Proces».
La causa contra Ponsatí
Pocos meses antes del referéndum de independencia de 2017, Ponsatí entró en el Gobierno de Carles Puigdemont como responsable de la conselleria de Educación, encargada de la apertura de las escuelas como colegios electorales. Tras el 1-O y la posterior votación de la declaración de independencia en el Parlament, Ponsatí se marchó a Bélgica y allí recibió la primera orden de detención europea de la Audiencia Nacional, que le acusaba de un delito de rebelión por su papel en el referéndum.
Cuando se retiró esta primera euroorden a principios de 2018, Ponsatí se instaló en Escocia, donde se reincorporó como catedrática de Economía y Finanzas en la Universidad de Saint Andrews. Especialista en Teoría de Juegos y Economía Pública, Ponsatí tiene una larga carrera académica con estancias en diversas universidades de Estados Unidos, como Georgetown o Princeton. «La diferencia entre vivir en el extranjero y vivir en el exilio es que ahora no puedo volver a casa», escribía en el 2022 en su libro de memorias. Este martes ha vuelto a casa aprovechando la reforma del Código Penal.
El tribunal de Edimburgo
La segunda y tercera euroorden de Llarena la enganchó ya en Escocia. Esta última ya era sólo por un delito de sedición, ya que el Tribunal Supremo la cambió en sintonía con la sentencia por la causa del ‘proceso’ de noviembre de 2019. Sin embargo, Ponsatí se exponía a una condena a más de 10 años de prisión.
A principios del 2020, la exconsejera entró en el Parlamento Europeo como eurodiputada de Junts gracias a la nueva distribución de escaños por el Brexit y regresó a Bruselas. Por eso, Escocia cerró definitivamente el caso por su extradición en agosto del 2021. El tribunal de Edimburgo consideró que Ponsatí ya no estaba bajo su jurisdicción y que, por tanto, había que finalizar el proceso judicial para extraditarla en España.
La eurodiputada de Junts quedaba pendiente de los tribunales belgas, que permanecen a la espera de los tribunales europeos para abordar una eventual cuarta euroorden contra los líderes independentistas en el exilio. Ahora bien, con la reforma del Código Penal, el Supremo sólo ha rehecho la orden de detención en España contra ella por un delito de desobediencia, que no comporta penas de cárcel y que, por tanto, hace inviable una euroorden.
En su último escrito, Llarena negaba que tuviera que pedir un nuevo suplicatorio en el Parlamento Europeo porque la orden de detención en España es «nacional». El magistrado también rechazaba que los delitos hayan prescrito, tal y como argumentaba la defensa de la eurodiputada en el último recurso presentado en el Supremo.
Inmunidad provisional
Ponsatí disfruta actualmente la inmunidad europarlamentaria cautelar que le concedió el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a finales de mayo de 2022. El Tribunal General de la UE (TGUE), primera instancia en Luxemburgo, todavía debe resolver la demanda de Ponsatí, Puigdemont y Comín contra el Parlamento Europeo porque, a su juicio, les retiró la protección de forma irregular. La eventual decisión del TGUE puede apelarse en última instancia al TJUE.
El TJUE concedió la inmunidad al considerar demostrado la “previsibilidad de su detención y entrega a las autoridades españolas si no se suspende la ejecución de las decisiones del Parlamento mediante las que se suspendió su inmunidad”. “La eventual detención (por una euroorden) podría causarles un perjuicio grave e irreparable. Lo mismo ocurriría, a fortiori, con la entrega de los recurrentes a las autoridades españolas, que podría dar lugar a una privación de libertad a largo plazo”, apuntaba el auto del TJUE.
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