Nuevo e importante paso de Catalunya en los derechos fundamentales, como es el de la privacidad. Se convierte en líder en la toma de medidas concretas para luchar contra los software espía como Pegasus. El Consell Executiu ha aprobado este martes un acuerdo por el que adopta una moratoria en el uso de tecnologías de cibervigilancia, en línea con las repetidas recomendaciones de las Naciones Unidas que reclaman un marco normativo sólido para prevenir la vulneración de derechos y libertades. Este acuerdo convierte a Catalunya en el segundo país del mundo, después de los Estados Unidos, que aplica medidas concretas en este campo.
El Ejecutivo catalán ha aprobado aplicar la llamada Declaración de Ginebra, una iniciativa impulsada por el propio Gobierno con la ONG Access Now para avanzar hacia la regulación internacional de estas herramientas. La declaración insta a implementar una moratoria en la exportación, venta, transferencia y uso de estas herramientas hasta que se establezcan rigurosas garantías en materia de derechos humanos. Costa Rica fue el primer país en realizar un llamamiento para que se aplicara una moratoria en este ámbito.
El objetivo: Terminar con escándalos como el Catalangate
Con este acuerdo, el Gobierno pretende contribuir desde Catalunya al debate global sobre la protección de los derechos humanos en la era digital ante un contexto en el que las amenazas de ciberespionaje crecen, como demuestra el rápido aumento de las ventas de herramientas de cibervigilancia selectiva, como Pegasus o Candiru, y escándalos como el del caso Catalangate.
Varios organismos internacionales han denunciado en repetidas ocasiones que, a pesar de que las tecnologías digitales pueden fortalecer la democracia y los derechos humanos, la falta de regulación y control y el uso proliferante de estas herramientas representa una vulneración clara de derechos fundamentales, como el derecho al honor o el derecho a la intimidad. Según Naciones Unidas, el software Pegasus se utiliza al menos en 45 países en cuatro continentes, fuera de cualquier marco legal con el objetivo, entre otros, de espiar la oposición o la disidencia política.
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El gobierno de EEUU, el primero en mover ficha para prohibir su uso
También ha alertado de los riesgos de estas tecnologías al gobierno de Estados Unidos, que la semana pasada, de hecho, dio un paso más allá y emitió una orden ejecutiva por la que prohibía por primera vez el uso de softwares comerciales de ciberespionaje que amenacen la seguridad nacional y los derechos humanos en todo el mundo. En su comunicado oficial, la administración Biden advierte del uso que se ha hecho de estas herramientas para vigilar selectivamente a ciudadanos sin autorización legal no sólo por parte de regímenes autoritarios, sino también de gobiernos democráticos.
Por otro lado, el propio Gobierno ya aprobó en abril del año pasado un primer acuerdo que preveía el impulso de actuaciones políticas, jurídicas y de investigación en relación con el espionaje y la intromisión en la privacidad de líderes políticos, activistas sociales, profesionales y otros miembros de la sociedad civil como el que recoge el informe de Citizen Lab que hizo estallar el Catalangate. Además, el Parlament de Catalunya también manifestó su apoyo a la Carta catalana para los derechos y responsabilidades digitales, promovida por el Govern con la participación de la sociedad civil.
EEUU destaca el Catalangate en su informe anual sobre derechos humanos
Un ejemplo del uso de las herramientas de cibervigilancia selectiva para limitar y vulnerar derechos es el Catalangate, un caso destapado a raíz de una investigación de Citizen Lab y que estalló hace apenas un año. Se trata de uno de los casos de espionaje más importantes del mundo contra un movimiento político concreto, el independentismo catalán, en el que hay al menos 65 personas que han sido espiadas con Pegasus, entre ellas el presidente de la Generalitat, diputados, políticos, periodistas, activistas y abogados.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, de hecho, ha destacado el Catalangate en su informe anual sobre derechos humanos de 2022, publicado este mes de marzo. El documento, que recoge las prácticas en derechos humanos de España, expone los datos aportados por Citizen Lab y el perfil de las personas espiadas en el marco del movimiento independentista entre 2017 y 2020, y recuerda que la entonces directora del CNI, Paz Esteban, habría reconocido en sede parlamentaria que el Centro había accedido a los móviles de 18 líderes independentistas, alegando que disponía de las autorizaciones judiciales necesarias para ello.
La Declaración de Ginebra
El pasado septiembre, a raíz del caso de espionaje de Pegasus, el Gobierno impulsó la Declaración de Ginebra sobre vigilancia selectiva y derechos humanos, conjuntamente con la ONG Access Now, para avanzar hacia la regulación internacional de las tecnologías de vigilancia. Hay que tener en cuenta las recomendaciones de los expertos de Naciones Unidas para lograr una moratoria global en la tecnología de software espía y la tarea diligente de la sociedad civil.
La Declaración de Ginebra es un compromiso colectivo con los derechos humanos en la era digital y para detener el uso proliferante de tecnologías de vigilancia. A la que ya se han sumado actores internacionales como Amnistía Internacional, está abierta a firmas y se invita a instituciones, comunidad académica y asociaciones en defensa de los derechos humanos que se sumen a la iniciativa.
