Si antes había sido Reino Unido o los EEUU como ya advertimos, ahora es Australia. El Gobierno Aussie ha fallado a favor del potente fondo Antin para ejecutar el laudo por el recorte de la retribución a las renovables que obliga al Gobierno español a desembolsar 101 millones de euros, lo que supone cerca del 10% de la cantidad que el Gobierno español debe a los fondos tras perder el arbitraje en el Banco Mundial.
Este proceso se inició cuando Antin presentó ante la justicia australiana el laudo pendiente de pago el 25 de junio de 2021. Los titulares de los laudos Antin también han iniciado procedimientos judiciales de ejecución en los EE.UU. y Reino Unido, con acciones similares para embargar bienes del Gobierno español con el fin de recuperar las deudas impagadas.
El gobierno español intentó frenar su registro, pero con esta decisión queda totalmente reconocida la deuda con el fondo y, lo que es más importante, se permite a las empresas pedir acciones de protección como el embargo e incautación de activos del Reino de España en el país.
Un extremo que ya se está produciendo en Reino Unido con el embargo de la sede del Instituto Cervantes y la Agencia por a la Competitividad de la Empresa, además de una cuenta abierta en el Banco Santander o parte de la indemnización correspondiente al vertido del Prestige.
Pero es Navantia, la empresa pública española dedicada a la construcción naval civil y militar, que cuenta con una serie de filiales internacionales y que extienden su actividad más allá de las fronteras españolas, la que peor suerte puede tener. Esta apuesta por la internacionalización llevó a la compañía a suelo australiano en 2007, cuando las autoridades del país oceánico confiaron al astillero la construcción de cinco buques.
Y ahora le puede salir el tiro por la culata. Navantia en suelo australiano no ha parado de fortalecerse. Primero llegó el encargo de catorce buques más, después un contrato para el mantenimiento de cientos de embarcaciones civiles y militares y, desde 2012 en adelante, la empresa ha oficializado su operativa en el mercado australiano, con la apertura de una oficina general en Canberra, un centro de diseño e ingeniería en Melbourne y dos instalaciones de mantenimiento y construcción en Sídney y Perth.
Sin embargo, la operativa de Navantia en Australia puede verse afectada de forma drástica y todo por un asunto que no tiene nada que ver con la filial. Así, esta semana hemos conocido que la justicia australiana reconoce las deudas de España con los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a las energías renovables.
El ‘terrible’ AUKUS (en inglés: Australia-United Kingdom-United States) es una ‘alianza militar sajona’ -pero con otros intereses, como los económicos, encubiertos- que va a por España, con los mismos parámetros que esta lo hace con Catalunya, solo cabe recordar el ruin hostigamiento de represión y embargos que está soportó con el infame ‘155’, aún con las diferencias de este caso. El Estado español va saber lo que es la presión del más fuerte…
