Nueva polémica con conflicto de intereses de transcendencia política de por medio, que podría desembocar en un caso de corruptela consistorial con delito de cohecho. Hablamos del bloque de 120 viviendas convertidas en pisos turísticos pese a la prohibición del Ayuntamiento de Barcelona de abrir otras nuevas, y el ayuntamiento de Barcelona de la alcaldesa Ada Colau.
El bloque, que por orden judicial está en proceso de convertir los 120 pisos en pisos turísticos, es propiedad de la Inmobiliaria Gallardo, quien, curiosamente, es la familia de la actual esposa del polémico político Manuel Valls.
La noticia de lo que será uno de los edificios de uso turístico más grandes de la ciudad desató la polémica e hizo que el gobierno municipal de Ada Colau pusiera el grito en el cielo, ahora que en plena precampaña el turismo vuelve a ser una de las principales cuestiones abordadas.
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De hecho, la teniente de alcaldía de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, ha anunciado que ya ha reclamado a la Generalitat que «haga todos los cambios legislativos necesarios» para que el consistorio pueda revocar las 120 licencias turísticas.
Sin embargo, ni una palabra sobre el hecho de que la propietaria del edificio es la familia de la mujer de Manuel Valls, quien en 2019, el mismo en que la inmobiliaria pidió las licencias (justo después de que la justicia tuviera la primera normativa del gobierno de Colau), invirtió Ada Colau alcaldesa con los votos de la extrema derecha, robando la alcaldía a Ernest Maragall.
Valls, en ese momento, aseguraba que investía a Colau alcaldesa “gratuitamente”, pero ahora, 4 años después, resulta sospechoso que el negocio familiar pueda hacer de un bloque de viviendas un blog turístico, por que sobrevuela el delito de cohecho.
