El sindicato CGT (Confederación General de Trabajo) con su filial Transportes de Barcelona, en este caso autobuses de su área metropolitana, ha presentado una querella en un juzgado de Barcelona contra una decena de altos cargos de TMB por presunta corrupción en el fraccionamiento de contratos, durante el gobierno consistorial de Ada Colau y Jaume Collboni.
La investigación del sindicato empezó por la división de autobuses y después pasó a la de metro. La querella se remonta a los últimos cinco años, a partir de los datos hechos públicos por la compañía en virtud de la Ley de transparencia. El período afecta a los mandatos de Mercedes Vidal, de Rosa Alarcón y de Laia Bonet.
El sindicato ha recopilado información sobre más de 111.000 contratos por valor de 120 millones de euros presuntamente irregulares. En este sentido, fuentes del sindicato han opinado en declaraciones a la ACN (Agencia Catalana Noticias) que el número de personas querelladas podría subir hasta la cincuentena.
La formación sindical asegura que en la querella, presentada y aún no admitida a trámite, se explica que se han encontrado indicios de un uso “abusivo, irregular y consentido en el tiempo” de esta fórmula de contratación, que permite sortear los procedimientos de contratación pública establecidos para contrataciones a partir de determinada cantidad de dinero.
Los contratos menores, los que pueden salir adelante sin concurso público, son los que tienen un importe inferior a 15.000 euros para servicios y suministros e inferior a 40.000 euros para obras.
Pero a juicio del sindicato esta fórmula se ha utilizado para realizar fraccionamientos ilegales, es decir, para dividir contratos que podrían estar agrupados, «seguramente de manera más cara y sin libre concurrencia». El sindicato también afirma que el volumen de presuntas irregularidades «es tan grande» que podría haber un «uso irregular o preferencial con ciertos proveedores».
Representantes de la CGT han denunciado también las presuntas irregularidades a los responsables actuales de la compañía, que, según la formación, les han asegurado que se trata de una situación «heredada», y les han admitido que es «más práctica» que la contratación ordinaria. También les indicaron que están haciendo esfuerzos por corregir la situación.
Por último, el sindicato afirma que cada contrato menor tiene un expediente «con personas que justifican la necesidad y firman que no se ha cumplido la ley de contratación pública». Por eso entienden que un volumen “muy importante” de estos contratos “no se ha hecho bien” y que no descartan que el número de responsables pueda aumentar.
