El, como es bien sabido politizado, Tribunal de Cuentas, ha acordado juzgar (no tiene poder judicial) el 17 de noviembre a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras ya una treintena de funcionarios y ex altos cargos más por el gasto del 1-O y de Exteriores.
El juicio tendrá lugar en Madrid. El escrito del tribunal propone interrogar a Puigdemont, a María Luisa Lamela, a Antoni Millet y Alfonso González. El Tribunal de Cuentas desestimaba a mediados de diciembre la petición de la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí de detener la causa de la responsabilidad contable del 1-O contra los tres. Boye pedía que se les apartara de la causa argumentando que tienen inmunidad.
Las defensas de los 35 exaltos cargos y funcionarios de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, y también responsables del Diplocat piden el archivo o la anulación del caso cuestionando la legitimidad del procedimiento y métodos utilizados, y aduciendo indefensión. También apuntan que los hechos han prescrito porque han pasado más de 5 años.
El abogado de diferentes miembros del movimiento independentista, Gonzalo Boye, argumentaba, además, que la causa se ha abordado tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado 13 de Barcelona, y que por tanto el Tribunal de Cuentas pretende juzgar dos veces lo mismo.
