Tensión al límite en las relaciones entre la Policia Nacional española y Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que se creó en 2004 para ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE.
Bien, el incidente viene porque la primera semana de julio la Policía Nacional celebraba la desarticulación de un grupo criminal que trajo decenas de sirios a las costas almerienses desde Argelia. La Operación Orontes, ejecutada con la Europol, acabó con 15 detenidos y desbarató una red que, con sus principales tentáculos en España, sacaba hasta 20.000 euros por trayecto.
En privado, los policías de Frontex, la agencia europea de fronteras, destinados en Almería también se felicitaron por su trabajo. Pero estos, según indica María Martín, desde El País, y sin ánimo de ofender o aparentemente de manera inofensiva un agente rumano metió la pata desde un grupo de WhatsApp diciendo algo que no debía sobre ese operativo, lo que sacó los demonios de la Policia Nacional.
Siguió un correo electrónico anónimo, remitido a cientos de agentes, que destripa el malestar del personal de Frontex en España. “La Policía le trató como a un animal, lo amenazó, lo acosó”, se decía en referencia a las represalias adoptadas contra el agente rumano por parte española. El episodio vuelve a airear la complicada relación entre la agencia y las fuerzas de seguridad españolas, tanto la Policía como la Guardia Civil.
Dicho mail o correo electrónico afirma que «la Policía Nacional trata a los agentes de Frontex como animales, los amenaza y acosa. Estas son declaraciones muy graves que no se pueden tolerar”. La Policía Nacional explica en un comunicación que la actuación contra el agente de Frontex fue para “asegurar el cumplimiento de la normativa de protección de datos”.
Y señala que la investigación de la que surge todo este embrollo aún está judicializada, por lo que la revelación de “datos sensibles” podría llevar a un “resultado contraproducente, con la posible necesidad de rendir cuentas ante los tribunales”.
Según explica ése diario, todo es porque se hay hecho uso de una base de datos personales restringida a la realización de informes de riesgo sobre inmigración y no a investigaciones criminales. Fuentes policiales han confirmado la veracidad de las comunicaciones, pero aclaran que todas las diligencias llevadas a cabo para ejecutar la Operación Orontes contaron con la preceptiva autorización judicial.
